La Junta reconoce 92 agresiones a docentes en los últimos cinco años

El acoso escolar que sufren los docentes en los centros educativos onubenses se ha saldado con 92 agresiones en el último lustro. Este dato ha sido desvelado por el PP a partir de un informe elaborado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en el que se constata que este fenómeno tiende a reducirse en los cursos más recientes. En contra lo que se pudiera pensar, la mayoría de las agresiones se han producido en colegios de Infantil y Primaria.

La recuperación de la autoridad del docente en el aula es uno de los deberes pendientes de la Administración educativa. Los datos desvelan que aún queda bastante camino por recorrer en el fenómeno de la violencia en las aulas. En el caso de la provincia de Huelva, el acoso a maestros y profesores presenta oscilaciones, aunque en el perido entre los años 2005 y 2009 (últimos analizados de forma completa) descendió un 25%, al pasar de 20 casos a 15. No obstante, el pico máximo de denuncias en la provincia se produjo en el curso 2007/8, con un total de 27.

Ese repunte puede ser la consecuencia de la regulación de la asistencia jurídica del peronal docente de la Junta de Andalucía, un derecho que quedó reflejado en el BOJA del 21 de marzo de 2007, por el cual se dotó a estos trabajadores de un estatus de autoridad, lo que podría haberles alentado a denunciar con más celeridad cualquier tipo de agresión, ya sea de tipo verbal o física.

Los resultados desmontan la idea que había prevalecido hasta ahora -a raíz de los estudios realizados por los distintas centrales sindicales- que fijaba la mayoría de los conflictos entre profesores y alumnos en el ámbito de los centros de Secundaria.

En lo que sí coinciden tanto los informes de la Consejería de Educación como los de los sindicatos es en el aumento de las agresiones por parte de los familiares de los alumnos. De ahí la insistencia de la Junta en la necesidad de que sean los padres de los menores los primeros en colaborar con la labor docente.

El sindicato ANPE ya alertaba en su informe anual del Defensor del Profesor del incremento del acoso familiar, de manera que en el caso de la provincia de Sevilla llegaba a igualar al cometido por los propios alumnos en las aulas. Otra tendencia que se constata en los estudios elaborados con el fin de dar a conocer esta situación es el aumento de las agresiones físicas y verbales al docente fuera de las instalaciones educativas.