La Junta de Andalucía no descarta la clausura de uno de los tres grupos educativos para menores infractores existentes en Huelva. Se trata de casas normalizadas con una capacidad máxima para ocho adolescentes (que han cometido un delito de violencia intrafamiliar o están a la espera de ser juzgados por ello) en las que los monitores los implican en las tareas domésticas y los ayudan a estar en contacto con las normas básicas de convivencia y respeto. A día de hoy, una de ellas está a la mitad de su capacidad.

En este momento la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación se encuentra "revisando la distribución de los medios disponibles", si bien se insiste desde la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz en que "no hay ninguna decisión tomada ni cerrada".

Las fuentes consultadas por Huelva Información señalan que el cierre de uno de estos grupos educativos (concretamente de uno masculino) podría atender a dos factores: de un lado, que Huelva es la única provincia andaluza que cuenta con dos casas de estas características para chicos (la tercera es para niñas); la segunda es que "bajan en Andalucía este tipo de delitos", es decir, que en consecuencia puede haber una menor demanda del recurso.

En cada uno de estos grupos educativos trabajan nueve personas: un equipo técnico y seis educadores, que dependen de la empresa Ginso, encargada de gestionar las casas y los recursos humanos. Y el temor por el cierre se ha instalado en los trabajadores.

Reacción sindical

CCOO Huelva ya destapó los rumores de la clausura hace unos días, aunque se refería en general a la de centros de menores infractores, sin concretar que aludía a estos grupos educativos de régimen abierto.

El sindicato que ha ganado recientemente las elecciones en estos servicios es UGT. La secretaria general de la Federación de Empleados del Sector Público (FSPE) en Huelva, Marisa Fernández, señaló que los trabajadores "conocen las tripas de cómo funciona esto y están muy inquietos ante lo que se pueda avecinar". Sin embargo, asegura que desde la dirección de uno de estos recursos de convivencia "nos dicen que no tienen por ahora ninguna comunicación de la Consejería y que la empresa que gestiona al personal le ha dicho que, en caso de que el cierre ocurriese, no van a perder el puesto de trabajo", en el sentido de que se producirían recolocaciones.

Desde UGT no quieren adelantarse a los acontecimientos, pero dejan claro que "entraríamos en un proceso de negociación para que se respeten los derechos de los trabajadores, procurando que las condiciones de trabajo sean las mejores para ellos, y pediríamos explicaciones por el cierre de estas unidades".

Representantes sindicales de CCOO se reunieron recientemente con la delegada territorial de Justicia, María Ángeles Muriel, pero "solo hemos encontrado respuestas evasivas y exculpatorias que alegan que la competente en estas cuestiones es Sevilla".

Este diario sí ha podido saber que se ha trasladado desde Huelva la preocupación sindical a la Dirección General de Justicia Juvenil, pero se sigue a la espera de respuesta y de que se tomen decisiones.

La sección de Enseñanza de CCOO en Huelva augura que si la empresa Ginso no hace nada por impedirlo, "a final de año el cierre puede que se haga efectivo", por lo que no descarta que haya "protestas y paros para denunciar esta situación que provoca bastante incertidumbre entre la plantilla".

Fiscalía de Menores

El fiscal delegado de Menores en Huelva, Alberto Campomanes, no tiene conocimiento de que el cierre vaya a producirse y tampoco se pronuncia sobre ello. No obstante, sí indica a Huelva Información que la medida de convivencia con grupo educativo, según las circulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las instrucciones de la Fiscalía de Sala de Menores, "es la medida estrella, la más idónea, la más adecuada y la que tiene demostrados mejores resultados cuando se trata de casos de violencia doméstica que cometen menores contra sus progenitores o contra otros familiares".

Preguntado por si considera que se ha reducido la demanda de plazas en estos grupos, Campomanes aclara que "el número de chicos fluctúa mucho: de repente pasa un mes en el que tenemos uno o dos detenidos únicamente; pero de repente en una semana puede haber cuatro... esto funciona de esa manera". También hay que tener en cuenta otro factor, y es que en Huelva "recibimos a chicos que son condenados de otras provincias".

En paralelo, destaca que en este tipo de medida los adolescentes infractores "suelen ingresar cautelares". Es decir, que se les detiene, pasan la noche en los calabozos "y al día siguiente nosotros practicamos nuestras diligencias; si creemos que tenemos pruebas, pedimos al juzgado esa medida, la convivencia en grupo educativo, como cautelar".

Asimismo, manifiesta que "vemos que en épocas en las que supongo que habrá más trabajo para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad quizá se practican menos detenciones de este tipo" y los atestados llegan más tarde, lo que tiene como consecuencia que "haya menos cautelares, pero menos casos desde luego no". Por ello la percepción del delegado de Menores del Ministerio Fiscal onubense es que "este tipo de delitos no se ha rebajado".

Lo que sí es una realidad es que "me encuentro por un lado que, cada vez más, los menores condenados por este tipo de delitos tienen detrás una problemática de enfermedad mental y, sobre todo, de adicción y consumo de drogas".

Por ello estima que las medidas más adecuadas en estos casos son los internamientos terapéuticos, un recurso "del que no disponemos en Huelva y tenemos que mandar a nuestros chicos y chicas a otras provincias, como a Cádiz e incluso alguno tenemos en Almería". Alberto Campomanes subraya que sería pertinente poner remedio a este asunto e implementar estas medidas en la provincia, porque "no veo que haya menos casos".

Lo que interesa a los fiscales de Huelva es que la medida que acuerde el Juzgado de Menores "esté disponible y lo esté cerca de los adolescentes para que puedan hacerse terapias con la familia". En este sentido reitera que estos recursos que permiten el tratamiento de los chicos infractores "están dando resultados bastante buenos en la reinserción, y para la FGE es la medida preferida en esta tipología delictiva".