Huelva

El impago de la expropiación de la Casa Duclós cuesta al Consistorio 525.715 euros

  • Una sentencia condenatoria heredada de la etapa política anterior obliga al Ayuntamiento a pagar medio millón a las ex propietarias. Se cubrirá a través de una modificación presupuestaria

Imagen de Google Maps previa a la demolición de la Casa Duclós, situada en el centro, en el verano de 2017. Imagen de Google Maps previa a la demolición de la Casa Duclós, situada en el centro, en el verano de 2017.

Imagen de Google Maps previa a la demolición de la Casa Duclós, situada en el centro, en el verano de 2017. / H.I. (Huelva)

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El equipo de Gobierno municipal llevará al Pleno ordinario de este mes una modificación presupuestaria de 519.300 euros (que se sumarán a otros 6.415 euros consignados en la partida Adquisición de terrenos) para dar cobertura económica a una sentencia condenatoria por el impago de parte de la expropiación de la Casa Duclós del Parque Moret.

De este modo –y ante lo que el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo y Patrimonio Municipal, Manuel Gómez Márquez, considera “uno los constantes despropósitos heredados de la etapa política del PP en este Ayuntamiento”–, el Consistorio atenderá al requerimiento del auto de la sala 4 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Este auto obliga al Ayuntamiento a abonar a las que fueran propietarias de la casa expropiada un total de 525.715 euros, como culminación de un procedimiento que lleva dando vueltas en distintas instancias judiciales desde el año 2007.

Según precisan fuentes municipales, el inmueble fue expropiado por el Consistorio capitalino por ser una construcción “incompatible con la ordenación urbanística del Plan Parcial 2 Parque Moret”, en el que esa finca se destinaba a parcela dotacional pública.

El anterior equipo de Gobierno llevó a cabo la expropiación y “pagó solo una parte de la correspondiente indemnización, pero no se levantó acta de ocupación de la casa y se dejó a los expropiados seguir viviendo allí durante años”. Ahora los tribunales apremian al Ayuntamiento a pagar los 525.715 euros que faltan.

En palabras de Gómez Márquez, “este nuevo perjuicio a las arcas municipales es uno de tantos regalitos que nos ha dejado el PP, el resultado de un expediente que lleva muchos años en litigio porque en su momento el anterior equipo de Gobierno incumplió con sus obligaciones”. En otras palabras, considera que se trata de “una muestra más de su absoluta incompetencia, inacción, desidia y falta de vergüenza”.

Y es que, según añade el portavoz, “por si fuera poco, tuvimos que ser nosotros los que tuvimos que resolver el problema de la ocupación de la casa expropiada, que nos encontramos, heredando una situación absolutamente irregular que el PP fomentó; y nos tocó derribar el inmueble y pagar ahora la correspondiente indemnización, pudiendo disponer de esos terrenos para uno de los proyectos de la Edusi que vamos a acometer este año, como es la construcción de un nuevo viario que conecte la avenida de Santa Marta con el Pasaje El Greco”.

Esta sentencia es independiente del procedimiento iniciado por el Ayuntamiento en 2017, cuando emprendió acciones jurídicas por la demolición ilegal del inmueble. El derribo se llevó a cabo el 8 de julio de aquel año, dos días antes de que la expropietaria entregara al Consistorio las llaves de la vivienda, ubicada en pleno Pulmón Verde.

El día 10 de julio por la mañana se hizo entrega de las llaves de la vivienda al Ayuntamiento pero, cuando las siete y cuarto de la tarde se personó en el lugar el concejal de Urbanismo y Patrimonio Municipal, acompañado por un subinspector de la Policía Local, se encontró con que la Casa Duclós, que iba a albergar el Centro de Interpretación Arqueológica del Parque Moret, estaba demolida, una actuación que no contaba con permiso municipal.

Una de las expropietarias de la Casa Duclós contrató a la empresa de derribos. Así lo pone de manifiesto, tal y como publicó en su día este periódico, el empresario en la comparecencia que realizó en la Jefatura de Policía Local, que consta en el atestado realizado por un presunto delito de daños a bienes públicos.

El Ayuntamiento de la capital valoró entonces como “un atentado gravísimo contra el patrimonio de todos los onubenses” y un “atropello contra la propiedad municipal” la demolición de la casa, que causó alarma social en Huelva. 

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