Igor El Ruso, considerado el recluso más peligroso de España, llegará próximamente al centro penitenciario de la Ribera (Huelva) para cumplir condena. Norbert Feher (nombre real) fue condenado a prisión permanente revisable por el asesinato a tiros de un ganadero y dos guardias civiles en la provincia de Teruel. Actualmente, su centro de cumplimiento es la Prisión de Huelva.

Este individuo ha protagonizado incidentes graves en todos los centros en los que ha estado recluido y ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de causar daño a un funcionario. Se ha reportado que ha agredido a varios funcionarios con armas improvisadas, como hachas fabricadas con azulejos y pinchos de hueso, generando una creciente preocupación entre el personal penitenciario.

Feher, de origen serbio, fue capturado por la Guardia Civil en Mirambel al día siguiente de cometer los asesinatos en Teruel. Tras ser juzgado en la Audiencia Provincial, recibió la condena de prisión permanente revisable. Los crímenes perpetrados por Feher causaron conmoción en la sociedad y suscitaron críticas hacia la respuesta policial tras el tiroteo que protagonizó una semana antes en Albalate.

Es importante destacar que, según advierten desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), la situación de este recluso representa un desafío significativo para el sistema penitenciario, debido a su historial violento y su declaración de intenciones de agredir al personal de la prisión. La Central Sindical insta a tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger tanto a los funcionarios como al resto de la población penitenciaria.

CSIF ha expresado de nuevo su profunda preocupación por la escasez de personal en diversas áreas del centro penitenciario, siendo la atención sanitaria la más afectada, con seis plazas de médicos actualmente vacantes. “Esto dificulta enormemente que se pueda prestar una atención adecuada y aumenta considerablemente la salida a centros hospitalarios”, advierte CSIF.

El sindicato asegura además que con la llegada del período estival se espera un incremento en la conflictividad dentro de las prisiones, y esta combinación de factores podría convertir la prisión de Huelva en un “verdadero polvorín”.

Del mismo modo, CSIF denuncia que, en las últimas semanas, el centro penitenciario de la Ribera ha sido testigo de un número más elevado de internos en conducción procedentes de otros centros penitenciarios, principalmente de la provincia de Sevilla. Esto se debe a las obras en curso que están teniendo lugar en dichos centros, lo que ha obligado a realizar traslados masivos hacia la Ribera. CSIF denuncia que estos traslados han motivado que se haya superado el 100% de la capacidad de la prisión.

El sindicato vuelve a poner de manifiesto la "falta de voluntad" por parte de la Administración para solucionar estas dificultades que no son ajenas a la prisión de Huelva. Durante la pandemia, se llevaron a cabo obras de gran calado que afectaron a infraestructuras básicas como el abastecimiento de agua y la cocina, y el propio centro asumió las circunstancias con una población reclusa entorno al millar de internos.

CSIF asegura que uno de los mayores motivos de preocupación por parte de los funcionarios de prisiones radica en el perfil conflictivo de los internos trasladados, lo cual agrava las tensiones en la convivencia entre los reclusos y genera un ambiente laboral tenso para los trabajadores penitenciarios. “En los módulos, se encuentran internos por cuya inadaptación y conflictividad deberían ser clasificados en primer grado de tratamiento”, advierte el sindicato.

Sin embargo, CSIF denuncia que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “que insiste en imponer una política de buenismo en las prisiones” no los clasifica como debiera. Esta postura ha dado lugar a incidentes alarmantes, como el reciente caso de un interno que agredió a varios trabajadores, causándoles lesiones de diversa gravedad. “De modo que a pesar de la propuesta del centro de clasificarlo en primer grado de tratamiento, el interno permanece en segundo grado en un módulo residencial, donde los trabajadores agredidos tienen que soportar comentarios burlones por parte del agresor, generando una sensación de total impunidad entre la población reclusa”, denuncia CSIF.