El grupo municipal de IU y el coordinador provincial de esta formación, Rafael Sánchez Rufo; el edil de Participa, Jesús Amador, y el portavoz de la plataforma Recupera Tu Ría, Gonzalo Prieto, interpusieron ayer una denuncia ante el Ayuntamiento de la capital para que el Consistorio cumpla con la legislación autonómica, que establece que "son los ayuntamientos los que tienen la competencia para la declaración de suelos contaminados".

Se trata de una denuncia en "primera instancia" –tal y como marca la normativa– si bien, en el caso de que el Ayuntamiento no atienda a la petición, los denunciantes estudiarán la interposición de medidas judiciales, tal y como explicaron a los medios.

En julio de 2015 IU logró el apoyo unánime del Pleno para que el Ayuntamiento capitalino declarase oficialmente el suelo contaminado de la ciudad, denominando de esta forma a los terrenos ocupados por las balsas de fosfoyesos, el CRI-9 (Centro de Recuperación de Inertes en Huelva número 9, el lugar en el que fue enterrado el material contaminado con cesio-137 procedente de la factoría de Acerinox en Los Barrios, en Cádiz) y los suelos de la avenida Francisco Montenegro liberados de la actividad industrial.

Se avanzaba así hacia la descontaminación de los terrenos afectados y el concejal de IU Pedro Jiménez exponía entonces que la declaración de los suelos contaminados permitiría al Ayuntamiento comprobar y controlar los trabajos de recuperación ambiental que deben llevar a cabo las empresas responsables.

Sin embargo, en el Pleno del mes pasado, IU concretó su propuesta y entonces contó con el rechazo del equipo de Gobierno y la abstención del PP. El grupo solicitó al Ayuntamiento que se personase ante la Audiencia Nacional y reclamase sus competencias para que sea el comité de expertos el que determine qué proyecto (pagado por Fertiberia) se lleva a cabo en las marismas.

Así, el objetivo de que el Ayuntamiento tome las riendas del conflicto de los fosfoyesos, de modo que ejerza las competencias "únicas" que tiene la Administración local para la declaración de suelos contaminados, se truncaba en el camino pese a lo acordado hace tres años.

Ante esta situación, los firmantes de la denuncia promueven que el Consistorio cumpla de una vez "con su obligación", ya que tiene "la capacidad legal, los mecanismos y las herramientas para llevarla a cabo".