El Colegio de Abogados de Huelva, ICAH, acogerá los próximos días 30 de septiembre y 1 de octubre, la primera edición del Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género, iniciativa que se desarrollará bajo la organización del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, CADECA, y del propio Colegio onubense. 

El encuentro incluye un programa de formación de calidad para aportar las últimas novedades en una materia tan relevante para la sociedad como es la violencia de género, gracias a la participación de destacados juristas, magistrados, como Vicente Magro del Tribunal Supremo, además de otros profesionales expertos en la materia. 

El programa aborda asuntos destacados como la asistencia letrada a las víctimas. También se añaden aspectos fundamentales que deben tener en cuenta los profesionales de distintos ámbitos relacionados con el sistema judicial en los casos de violencia de género; la valoración psicológica y social de la violencia de género en los procesos judiciales o los aspectos penales y civiles que están presentes en estos procedimientos. 

Un programa que incluye aspectos de especial relevancia, como un análisis de las últimas sentencias del Tribunal Supremo desde la perspectiva de género o un debate sobre los problemas que sigue teniendo el turno especial de asistencia a mujeres víctimas de violencia. 

El decano del Colegio de Abogados de Huelva, Fernando Vergel, ha destacado la relevancia que tiene un encuentro que está despertando “gran interés en profesionales de toda España. Se trata de la primera vez que la abogacía andaluza debate en un mismo foro, y va a ser en Huelva, sobre un asunto de tanta relevancia, lo que demuestra el compromiso de la abogacía contra la violencia a las mujeres”.  

De momento, ya se han inscrito más de 200 profesionales que, presencialmente u online, asistirán a las jornadas que se desarrollarán en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Huelva. 

Este ‘Primer Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género’ pretende ir más allá de la formación o del necesario debate que debe impulsar este tipo de actividades, apostando asimismo por la respuesta que las instituciones y distintos operadores jurídicos deben dar para mantener el compromiso con la defensa de las víctimas. Se trata de un problema que tiene una enorme dimensión y que sigue exigiendo recursos y medidas concretas.