Huelva se planta ante la tasa turística

Desde que el comité de expertos para la reforma de la financiación de las entidades locales viera en la creación de un impuesto turístico que grave las pernoctaciones hoteleras una posible vía de financiación, no han dejado de saltar las alarmas.

El objetivo que se busca es doble. Por una parte se dotaría a los municipios de más instrumentos para reforzar su responsabilidad fiscal. Y por otra, se armonizaría un tributo que empieza a ser aplicado por varias ciudades españolas. Sus defensores entienden que los apartamentos, hoteles y el turismo en general ocasionan un aumento de servicios que "se tendrían que pagar mediante una tasa", como hace el resto de ciudadanos con sus impuestos.

El tributo no sería obligatorio a priori. Se plantea que los alcaldes puedan establecerlo de forma voluntaria, aunque los sabios proponen una armonización de la normativa para que no haya discrepancias. Aunque las hay. Y en el caso de Huelva son unánimes. Tanto el sector empresarial como los alcaldes de los municipios costeros creen que una tasa sobre la estancia de los turistas no es la mejor idea para ampliar las arcas municipales porque "lo único que lograría sería un efecto rebote". Hay provincias, como Baleares, que ya la pusieron en marcha y otras que estudian su implantación, mientras que a horas luz se encuentran países como Amsterdam, Berlín, Bruselas, Lisboa, París, Praga, Roma o Viena, que ya cobran tributos por las pernoctaciones hoteleras. Pero quizá "no son comparables" con la realidad de nuestro país y, menos aún, de nuestra provincia.

"Es injusto, contraproducente y artificial". Así se ve la tasa desde el Círculo Empresarial de Turismo. Su secretario general, Rafael Barba, pone sobre la mesa la "clara oposición" que mantiene el sector a un canon que "¿por qué sólo se plantea para el sector turístico si es por el uso de servicios de los clientes? y ¿por qué se quiere cobrar cuando los hoteles, por ejemplo, pagan sus impuestos todo el año a pesar de que la mayoría no permanece abierto los doce meses?", se pregunta. Y es que hay muchos establecimientos que están sin actividad durante cinco meses y a pesar de ello siguen pagando las tasas e impuestos municipales "que ya son suficiente elevados" (hay hoteles que llegan a pagar 450 euros por habitación en concepto de IBI, por ejemplo).

Desde el Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, son igual de tajantes. Su presidente, Luis Arroyo, entiende que es "una barbaridad" y que "el único fin que se busca con ello es el recaudatorio". Arroyo defiende que el turista ya consume y gasta "lo suficiente" como para que se le aplique un impuesto que "aquí no es justo ni se entiende", porque "Huelva está trabajando en su consolidación y el efecto sería negativo".

La totalidad de los grandes municipios de la Costa Occidental son claramente contrarios a la implantación en nuestro destino de esa ecotasa. Los argumentos de los responsables municipales consultados por Huelva Información conciden en que el primer efecto sería un "freno" para la llegada de turistas, dado que, pese a ser ya uno de los principales motores de la actividad económica, aún no ha alcanzado el grado de consolidación que ya hay en otros destinos españoles. Punta Umbría es uno de los municipios que más visitantes recibe en los meses estivales. Su población pasa de las aproximadamente 12.000 personas hasta las más de 100.000. Su Ayuntamiento es claramente contrario a gravar al turista. La concejala del ramo, Antonia Hernández, tiene claro que "no se le puede cargar más" en unos momentos en los que se trabaja de forma intensa para promocionar el turismo en la localidad, al tiempo que se lucha "con todas nuestras fuerzas" para romper la estacionalidad. "Si el visitante ya se queja por tener que pagar la Zona ORA, ¿cómo le vamos a cargar un nuevo pago?". Hernández cree que "sí puede entenderse la medida en otros lugares de España, pero aquí, ahora mismo, que se puede decir que prácticamente estamos empezando, no". La edil es realista y pone sobre la mesa la falta de servicios que hay frente a otros destinos que cobran impuestos y de ahí que crea que "no se puede descartar que de cara al futuro se pueda plantear, pero siempre teniendo en cuenta la evolución del sector, aunque -insiste- por el momento, no".

En Ayamonte, su edil de Turismo, José María Mayo, también ha sido claro y rotundo a la hora de manifestarse contrario a la implantación de la medida. Tal es así que "ni se ha evaluado ni se ha planteado a día de hoy". Y es que "cualquier tasa o gravamen al consumo en el marco de cualquier actividad económica supone un freno y la ralentiza". En el municipio no están ahora en ese camino, "sino todo lo contrario" porque se trabaja en el fomento de los servicios "para lograr atraer más visitantes". Por todo ello "no nos parece en principio lo más razonable", ha concluido.

Lepe tampoco está por la labor de implantar la tasa. Su concejala de Turismo, Bella Verano, cree que esa medida "puede entenderse en destinos que están ya súper consolidados", pero "para nosotros, y ahora mismo, podría ser perjudicial porque aunque se están realizando muchos avances y dando muchos pasos en favor del turismo, aún no llegamos al nivel de otras zonas" y, por tanto, podría ser un freno a la llegada de más visitantes, "que es por lo que se lucha en estos momentos". Y coincide con Ayamonte: "El día de mañana podría estudiarse, pero siempre en función de la evolución de nuestro sector turístico".

En Isla Cristina son tajantes. La edil de Turismo, Isabel López, no duda al asegurar que la medida es un "desacierto total", así como una "falta de respeto hacia una persona que elige nuestro municipio para pasar sus vacaciones". Y la negativa se argumenta en la misma línea: "Sería un freno" cuando se hace "un enorme esfuerzo por atraer turistas a Isla Cristina". Es más, cree que la nueva tasa sería "una forma de ahogar y asfixiar más económicamente al ciudadano".

El alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, no se anda por las ramas: "Si los catalanes y baleares no quieren turistas o éstos les incomodan, yo les invito a que tornen su destino a las playas onubenses", donde "serán acogidos, con los brazos abiertos".

Descarta cualquier posibilidad de que el Ayuntamiento ponga medidas impositivas de esta naturaleza.

Su homólogo de Moguer, Gustavo Cuéllar, coincide en el análisis y considera contraproducente una tasa turística que grave a quienes eligen Huelva como destino cuando "hay que ser competitivos" en un mercado volátil, cuya fidelización es el gran reto. Cuéllar entiende que los impulsores de esta medida no buscan con estos impuestos nuevas vías de financiación, sino más bien una herramienta para "reducir el número de turistas" o, como en el caso de las islas, disuadir al denominado turismo de bajo coste y de borrachera. En cualquier caso, entiende que Huelva y Moguer apuestan por "el turismo clásico, familiar o al que le mueve el sol y playa". Aunque aboga por seguir creciendo en otros sectores "como el medioambiental, histórico y cultural, que tienen mucho potencial".

Desde el extremo más oriental de la provincia, José Miguel Espina, concejal de Turismo, Desarrollo Local y Matalascañas del Ayuntamiento de Almonte, asegura sin dudar que "no se nos pasa ni por el pensamiento" la aplicación de tasas turísticas que graven el bolsillo de quienes nos visitan. "Nosotros estamos encantados de que vengan a Almonte, se queden el mayor tiempo posible y consuman aquí". De hecho, recuerda que el pasado fin de semana "una población de 20.000 habitantes se vio incrementada hasta los 350.000" con motivo de la celebración de El Rocío Chico. "Un tránsito de personas que requiere un esfuerzo por parte de los servicios municipales al que ha de ser sensible el resto de administraciones".

A pesar de todo, el edil reitera que "no es el momento de pensar en tasas" y menos aún de trasladar a la opinión publica que se ponga en duda los beneficios sociales de un turismo que, sin él, "tendríamos que vivir únicamente de la agricultura".