La obra y los servicios públicos se han convertido en un negocio poco atractivo para la mayor parte de las constructoras y empresas de servicios. Licitar por ofertas públicas implica un riesgo que no todos los empresarios están dispuestos a asumir. La provincia cerró 2022 con 89 licitaciones desiertas y más de 16 millones de euros por ejecutar, según el informe de la firma de soluciones analíticas DoubleTrade, La negativa de compañías de diversos sectores, que van desde construcción y suministros hasta servicios, a embarcarse en contratos públicos ha hecho saltar las alarmas de la administración. Las empresas privadas denuncian un desajuste económico en el que los presupuestos ofertados son insuficientes y les impide recuperar la inversión debido al notable incremento de costes operativos producto de la crisis de los suministros. Los plazos en la tramitación unidos a la inflación provocan que el precio de adjudicación no se corresponda con los costes finales. 

El presidente de los constructores onubenses (AECO), Javier Mateo, tiene claro el problema radica “en precios desfasados, lentitud en todo el procedimiento y unas subidas que dejan obsoletas las licitaciones antes de ser adjudicadas”. El problema es complejo. La propia estructura de la administración actúa en contra. Desde la publicación de una oferta pública a su licitación, adjudicación e inicio de una obra o inicio de la prestación de un servicio puede pasar “entre nueve meses y un año”. Como consecuencia de ello, los precios sobre los que se basó el proyecto quedan “desfasados” en un escenario de inflación y subida de costes energéticos. Ante el riesgo de dar pérdidas “muchas empresas prefieren no presentarse” ya que una vez adjudicadas “si las cuentas no salen y te retiras implica una penalización a futuro”.

El impacto de la crisis de los suministros que siguió a la pandemia fue agravado por una crisis energética provocada por la guerra de Ucrania en la que los precios de la energía subieron un 84%. Esto ha producido un mayor encarecido de los costes que se refleja en un aumento del 30% del precio de los materiales y se agudiza en casos como el aluminio (+55%) o el acero (+46%). Todo ello con una inflación anual en diciembre del 5,8%. Este incremento de costes no se replica en las ofertas públicas, lo que ha propiciado que se multipliquen las licitaciones desiertas y, por consecuencia, se paralice la ejecución de miles de obras y servicios. En términos globales, la subida en el último año en la provincia onubense ronda el 22%. Una cuantía que no se refleja en los pliegos.

En Huelva, según el informe, hay 89 licitaciones desiertas que suman un montante total de 16.624.171,43 euros. Hay ofertas de todo tipo, desde obras de construcción a dotación de mobiliario, adjudicación de servicios de hostelería o adquisición de vehículos. Es un problema que afecta por igual al Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación o los ayuntamientos. Así, la licitación de mayor volumen desierta pertenece a Adif y hace referencia a la renovación del tramo Calañas-Peguerillas de la Huelva-Zafra. Es superior a los cuatro millones de euros. Hay de todo el listado: vehículos, arreglos de espacios públicos, servicios de jardinería, restauración en espacios públicos o mejora de instalaciones deportivas.

“No se puede trabajar con un riesgo de pérdidas tan alto”, sostiene Javier Mateo. Los constructores, principales afectados por la situación, piden “actualizar la tabla de precios” y una mayor agilidad que no dilate los tiempos. En este sentido destaca “el nuevo decreto de la Junta para actualizar los precios” si bien el problema es que “al tener los presupuestos cerrados las administraciones no facilitan las revisiones”.

Andalucía, la región con más licitaciones desiertas

La tendencia de las licitaciones desiertas es especialmente grave en Andalucía, donde las licitaciones que no han encontrado ninguna empresa interesada en ejecutar el trabajo alcanzan los 1.260 casos, la comunidad autónoma española más afectada. En términos económicos, esto supone la paralización de más de 571 millones de euros que podrían estar aprovechándose para dar obras y servicios a la ciudadanía. Esto supone cerca del doble que en 2021 (293 millones de euros).

La oferta pública andaluza con un mayor presupuesto que no ha tenido candidatos fue licitada por el ayuntamiento de Algeciras por valor de 152 millones de euros para la adquisición de energía eléctrica de origen renovable.

El importe medio por contrato sin ejecutarse en el último año supera los 710.000 euros en toda España, donde en 2022 han quedado 7.463 licitaciones desiertas por un total de más de 5.303 millones de euros.