La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) ha aprobado este jueves por unanimidad, en una reunión presidida por la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, la distribución provincial de los fondos que el Estado destina a través de este programa. La asignación provincial asciende a casi 16 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,5% respecto a la anterior edición (8 millones de euros más).

Durante la reunión, la subdelegada ha destacado la “satisfacción unánime” por este aumento del 5,5 % en los fondos del PFEA “que rompe la tendencia de congelación de los años anteriores a 2028”. Un reparto que considera que “pone de manifiesto la fortaleza de este programa de esencial importancia social”, siguiendo en sus más de dos décadas de vigencia, siendo indispensable para el equilibrio para neutralizar los graves problemas de despoblamiento en la provincia”.

Esta comisión provincial está integrada también por representantes de la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento, interlocutores sociales y organizaciones agrarias que han aprobado con pleno consenso la distribución de los fondos destinados a subvencionar en 2022 la contratación por los ayuntamientos de trabajadores desempleados en obras de interés general y social.

La distribución de los fondos PFEA viene ya prefijada por las negociaciones y el consenso alcanzado en Madrid entre el SEPE y los agentes sociales, mientras que la comisión regional -que se celebró el lunes-, ratifica dicho reparto.

Como novedad, enmarcado en el Plan de Transformación y Resilencia(PRTR), se pone en marcha un programa de formación en alfabetización digital destinado a mujeres contratadas con el PFEA o que hayan sido contratadas en el PFEA, con el objetivo de capacitar a las mujeres en el entorno rural y romper la brecha digital que aún está presente en municipios onubenses.

Otra de las iniciativas es la reducción del número de jornadas de 35 a 20 para que los trabajadores agrarios eventuales puedan acogerse al subsidio de desempleo y la renta agraria y así, hacer frente a posibles efectos negativos provocados por la sequía.

La subdelegada ha explicado que una vez finalice el programa aún vigente correspondiente a 2021, se habrán creado 8.760 contratos y cerca de 181.000 jornales. Unas cifras vivas, ya que las 153 obras contempladas en los distintos municipios de Huelva o se han ejecutado o siguen en ejecución.

En la reunión, tras la aprobación del mismo, se seguirán instrucciones para dar celeridad, para que los ayuntamientos puedan empezar a presentar los proyectos. En la comisión, además, se ha valorado la posibilidad de formar un grupo de trabajo técnico para la resolución de incidencias y recepción de propuestas, para actuar con eficacia.

Asimismo, la subdelegada ha destacado la “importancia crucial” del PFEA tanto para los municipios onubenses como para los trabajadores que dependen del empleo agrario y ha apelado “al trabajo común entre todas las administraciones públicas implicadas para permitir el aumento futuro y la actualización de los fondos a repartir para extender el desarrollo del programa .a los colectivos más necesitados”.

Un 80% del total de estos fondos del PFEA destinados a la provincia corresponden al Plan de Garantías de Rentas, lo que se traduce en 13.719.857,46 millones de euros. Se trata de ayudas que el SEPE otorga directamente a los municipios teniendo como criterio de reparto la variable de demanda/oferta. Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos.

Los restante del total de fondos ya asignados para Huelva, 1.738.577,46 millones de euros, corresponden al Plan Generador de Empleo Estable. Por lo que respecta a su reparto , la aprobación de los proyectos presentados por los municipios estará vinculada al número de empleos estables que se contemplen y a que propicien la inserción laboral de los trabajadores en actividades emergentes del sector agrario. Estas ayudas están destinadas a proyectos de desarrollo agroforestal y medioambiental, así como a actividades económicas afectadas por la crisis.

Los criterios de reparto de fondos aplicados han sido los mismos que en la edición anterior, cuando esta comisión provincial, en consonancia con los acuerdos pactados en Madrid, acordó una actualización de estos criterios de manera que no sólo se centre en indicadores históricos, sino también en los indicadores de mercado de trabajo. Así, se aprobó establecer el peso porcentual de cada indicador, con lo que el indicador histórico representará el 90% y el indicador de mercado el 10%.