Huelva contará con un internado de menores infractores con 20 plazas

La Administración autonómica responderá a una demanda reiterada del Defensor del Pueblo Andaluz, dotando a Huelva de un centro de internamiento de menores infractores, que contará con 20 plazas y cuya ubicación aún no ha sido hecha pública por la Junta de Andalucía. El inmueble que albergará esta actividad será aportado por la entidad gestora del centro, como sucederá igualmente con las plazas autorizadas en Almería, Cádiz y Sevilla.

En total se autorizan 733 plazas; de ellas 514 en centros de la Junta y 219 en el resto. Las primeras se distribuyen entre los siguientes: 130 en Tierras de Oria (Oria, Almería); 66 en El Molino (Almería); 112 en La Marchenilla (Algeciras, Cádiz); 72 en Medina Azahara (Córdoba); 48 en Sierra Morena (Córdoba); 14 en San Miguel (Granada); 44 en Las Lagunillas (Jaén), y 28 en La Jara (Alcalá de Guadaíra, Sevilla).

El Consejo de Gobierno autorizó ayer la licitación, por un importe total de 278,6 millones de euros para el periodo 2016-2019, de los servicios de inserción de menores infractores en centros de internamiento y grupos educativos de convivencia.

De esta cantidad, 254,44 millones de euros corresponden a los servicios integrales de guarda, reeducación e inserción de menores infractores en los centros de internamiento. Estas prestaciones las llevan a cabo actualmente entidades sin ánimo de lucro especializadas en la materia, que bajo la supervisión de la Consejería de Justicia e Interior ejecutan anualmente alrededor de 1.800 medidas privativas de libertad impuestas por los juzgados de menores. Así, los 24,17 millones restantes se refieren a los Grupos Educativos de Convivencia para la ejecución de medidas no privativas de libertad. Las nuevas adjudicaciones autorizadas ayer para centros de internamiento, que sustituirán a las vigentes desde 2010, incluyen la gestión del servicio tanto en los ocho centros ubicados en inmuebles propiedad de la Junta como en otros cuatro que aportan las propias entidades adjudicatarias. En el primer caso, la cuantía es de 178,42 millones de euros y en el segundo de 76,02.

Los centros de internamiento de menores infractores en Andalucía cuentan con programas de intervención para el cumplimiento de medidas judiciales en régimen cerrado, semiabierto y abierto, así como de tipo terapéutico relativas a drogodependencias y salud mental. Sus plantillas están integradas por casi 2.000 profesionales, entre psicólogos, educadores, trabajadores sociales, juristas y personal de seguridad y mantenimiento.

En cuanto a los grupos educativos de convivencia, actualmente funcionan 18 con un total de 129 plazas ocupadas. A través de esta modalidad se cumplen medidas no privativas de libertad en viviendas normalizadas ubicadas en poblaciones con acceso a centros educativos, sanitarios, laborales y de ocio.

Los grupos, gestionados por entidades privadas, están formados por un equipo de un mínimo de nueve profesionales: una persona encargada de la dirección, una con titulación en Psicología, otra en Trabajo Social y seis educadoras.