La Guardia Civil investiga una trama de desvío de fondos públicos en Huelva

Calma tensa en el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, donde la Guardia Civil recogerá a los funcionarios en las próximas horas y a instancias del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell la documentación municipal requerida ayer y que podría vincular la gestión de la casa consistorial con una trama de corrupción cuyo epicentro está situado en Tarragona.

Las pesquisas, llevadas a cabo por la Jefatura de Información de la Benemérita en el marco de la llamada operación Termyca, se han saldado por el momento con la detención de doce personas relacionadas con la red investigada en Tarragona, Barcelona y Madrid por delitos relacionados con la Administración pública, entre ellos empresarios, directivos, un exalcalde y dos funcionarios públicos municipales. Pero la investigación sobre un posible amaño de contratos públicos para favorecer a sociedades privadas todavía no se ha dado por clausurada.

De hecho, los agentes tienen previsto solicitar información al Ayuntamiento palermo, como confirmaron ayer a Huelva Información las fuentes de la Benemérita consultadas, con el objetivo de dilucidar si existe algún tipo de irregularidad en su relación contractual con una de la empresas investigadas en la trama, Coordinadora de Gestión de Ingresos SA (CGI).

El requerimiento judicial del Instrucción 1 de El Vendrell que abre las puertas a la indagación policial fue recepcionado por la Administración local palerma en la tarde de ayer. En concreto, el magistrado que instruye la causa quiere acceder al expediente de contratación de los trabajos solicitados a esta consultora, además de diversa documentación sobre la gestión fiscal de la empresa, como informó el propio alcalde de la localidad, Carmelo Romero (PP), quien mostró su disposición a la "total colaboración" con el Instituto Armado y con la Justicia.

El regidor municipal aclaró además que CGI "tiene un contrato con el Ayuntamiento de Palos para trabajos en materia de gestión tributaria", pero subrayó que éste "se licitó públicamente con todos sus parabienes administrativos". A su juicio, "la Guardia Civil podría estar investigando a todos los ayuntamientos para los que esta empresa ha trabajado".

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, confirmó ayer que los requerimientos de información se habían llevado a efecto en ayuntamientos de Huelva y Granada, pero que no cree "que vaya a haber nada".

La operación Termyca tiene su origen en las actuaciones practicadas a finales de junio de 2014. Éstas afectaban al Ayuntamiento tarraconense de Torredembarra (operación Turm) por la adjudicación de diversos contratos con la compañía Efial Consultoría SA, absorbida posteriormente por el grupo CGI.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell y la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado unieron fuerzas para emprender una investigación más profunda que les llevó a centrarse en esta mercantil y a seguir el rastro de su actividad.

Según detalló la Guardia Civil ayer, a lo largo de la investigación se ha detectado la creación de la figura instrumental y ficticia de entidades públicas empresariales locales carentes de actividad específica, creando un supuesto entramado fraudulento por el cual se desviaban fondos públicos municipales de ayuntamientos a la citada entidad pública ficticia y, de ésta, a la sociedad privada. Gran parte de los fondos obtenidos de forma ilícita, mordidas en toda regla, eran desviados a Andorra a través de complejas operativas empresariales. Para llevar a cabo esta actividad ilegal se amañaban, supuestamente, contratos públicos que beneficiaban a empresarios relacionados con ambas consultoras a cambio de dádivas para los servidores públicos.

Efial centraba su actividad presuntamente ilícita en Cataluña. Pero cuando la absorbió CGI, sus tentáculos se extendieron por buena parte del territorio nacional. La Fiscalía Anticorrupción mantiene que la consultora Efial y, posteriormente, CGI, procuraron sus servicios a los detenidos para "evitar la labor supervisora del secretario e interventor municipales".

Sólo en la jornada de ayer, los más de 340 agentes asignados al caso practicaron de forma simultánea 48 entradas y registros (cuatro de ellos en Andorra): 14 en domicilios, siete en despachos profesionales, doce en sociedades mercantiles, siete en entidades públicas y ocho en los ayuntamientos de Tortosa, Ascó, Vandellós y L'Ametlla de Mar (Tarragona), de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra, Chinchón (Madrid) y de Trillo (Guadalajara).

Está previsto que en las próximas horas los investigadores realicen la intervención anunciada en los ayuntamientos de Palos de la Frontera y de Armilla, en Granada. No obstante, las fuentes consultadas por este rotativo no descartan que se solicite información o se produzca algún registro en algún otro municipio onubense. El alcalde de Palos, Carmelo Romero, ha convocado hoy a los medios de comunicación para pronunciarse oficialmente al respecto y ofrecer todos los detalles de la relación local con la investigada CGI.

Las actuaciones están, por el momento, bajo secreto, por lo que no han trascendido más detalles. Se investigan delitos de blanqueo de capitales, malversación de fondos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude e infidelidad en la custodia de documentos.