La Guardia Civil ha implantado en Huelva uno de los 57 equipos de Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional (Pegaso) repartidos por todo el territorio nacional, dedicados a las labores de policía aérea con funciones relacionadas con el control integral de la aviación general y los drones.

La misión de este equipo es afrontar, dentro del ámbito de seguridad ciudadana, los nuevos retos y amenazas dentro del espacio aéreo, estando sus funciones relacionadas con la aviación general, ejerciendo un mayor control sobre instalaciones como aeródromos, clubes de aeromodelismo o campos de vuelo. Los agentes integrantes en el equipo han sido formados con la colaboración de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ENAIRE y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC).

Dentro de la formación y especialización como policía aérea, el equipo Pegaso apoya a la Policía Judicial en posibles accidentes en los que podrían estar implicadas cualquier tipo de aeronaves, así como realizará inspecciones oculares e investigación de hechos relacionados con la seguridad aérea.

Debido a la proliferación extraordinaria que ha tenido lugar en los últimos años de aeronaves pilotadas por control remoto (drones) y con el fin de minimizar los posibles riesgos en la seguridad pública, Pegaso ha localizado multitud de operaciones aéreas realizadas por toda la provincia, no cumpliendo en su gran mayoría con los requisitos necesarios pudiendo, en alguno de los casos, crear grave riesgos a la integridad de terceros o bien, afectar a la intimidad de las personas.

Además, se ha detectado vuelos en zonas restringidas y en zonas donde se necesitan autorizaciones para realizar operaciones con aeronaves como en parajes naturales o zonas militares restringidas al vuelo fotográfico, realizando las correspondientes sanciones a los pilotos siendo notificadas a AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea). Una vez analizados los vuelos detectados y las posibles infracciones en el mismo, los agentes remiten el informe a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) pudiendo oscilar las infracciones entre 60 y 225.000 euros.