El Grupo RB, dispuesto a comprar el suelo hotelero y comercial de Isla Chica

Isla Chica entra ya en el paréntesis de agosto sin una solución terminante para el pago de los 15,8 millones de la parcela comercial en el solar del estadio, unos terrenos que el Ayuntamiento adjudicó en enero a 104 empresarios de la barriada. En el último Pleno, a petición de esta sociedad se retiró in extremis el calendario de pago consensuado, sin transcender más detalles. Atrás quedan meses de confusos movimientos, negociaciones, aplazamientos y otro actante en la génesis de la operación, el grupo RB de Inversiones Inmobiliarias. A la luz de los últimos acontecimientos, esta entidad (cuya participación queda en la cuerda floja) apunta ahora al incumplimiento del pliego de condiciones del concurso, instando al Consistorio a actuar conforme a la Ley en un proceso que, a juicio de esta entidad, "ha llegado al absurdo".

Como ya avanzó este periódico, en un principio RB se interesó por la parcela hotelera y comercial de Isla Chica y ofertó precio a la empresa Prasur para la compra ambas. Prasur es la propietaria de algo más del 50 % de la parcela comercial y del 100 % de la parcela hotelera. El grupo considera que el desarrollo y ejecución del proyecto debe ser coordinado y conjunto por razones económicas y técnicas, "aparte -advierten desde RB- de que se dificultaría en exceso la comercialización de un hotel con un centro comercial en obras o sin definir, y viceversa".

Prasur se mostró de acuerdo con la transmisión de la parcela hotelera y remitió la de uso comercial a un concurso municipal en el que la copropietaria del suelo se había comprometido a participar. A partir de ahí, el RB mostró su interés por participar llegando incluso a bastantear los poderes en el Consistorio, pero partía de cuatro premisas fundamentales: (1) Viabilidad comercial y económica para evitar un nuevo centro comercial en Huelva construido y cerrado (2). Desarrollo conjunto y simultáneo del proyecto comercial y hotelero (3). Medidas de integración de los empresarios y comerciantes de Huelva a través de sus órganos representativos (FOE y Asemco). En este capítulo se incluía la reserva de zonas para el establecimiento del comercio local y condiciones preferentes de compra y arrendamiento de locales participando en la ubicación y distribución de esta superficie. También se contempló la participación en la redacción del proyecto de centro comercial, así como en el desarrollo e implantación del mismo; y la posibilidad de que comerciantes y empresarios de Huelva intervinieran en el proceso de adquisición de la parcela desde alguna fórmula de participación social. Se trataba, según apuntan desde RB, de "evitar situaciones de conflicto que supusieran un riesgo y la paralización de un proyecto que requiere una altísima inversión económica".

Los pliegos que redactó el Ayuntamiento en septiembre de 2008 indicaban que el perfil del adjudicatario que buscaba el Consistorio, era el de una empresa integrada por socios-comerciantes, que en los criterios de adjudicación alcanzaba el 100 % de la puntuación en el apartado de experiencia, "si se acreditaba que los socios de una empresa cuentan con 08 años de alta en IAE como comerciante en general. Habida cuenta la magnitud del proyecto y los precedentes en Huelva en el capitulo de centro comerciales, el Ayuntamiento podría haber exigido, vía pliegos, -insisten desde RB-que el adjudicatario acreditase de forma conveniente su solvencia económica y financiera, y su capacidad técnica y profesional".

A pesar de los pliegos, el Grupo de Inversiones Inmobiliarias mantuvo reuniones con el colectivo de comerciantes de Isla chica con la idea de presentar una única oferta al Ayuntamiento, pero no fue posible llegar a ningún acuerdo y RB, en principio, se retiró. No obstante, consideran desde la entidad que esta labor conjunta "fue muy beneficiosa para la empresa creada por el grupo de comerciantes de Isla chica (Sociedad Promotora de Comercio y Ocio de Isla Chica S.L.), y actualmente adjudicataria de la parcela comercial. Así se logró el compromiso de Prasur de transmitir su porcentaje libre de las cargas de urbanización (que inicialmente no estaba previsto). cifra que alcanza la cantidad 4.131.731,56 (según pliegos), "siendo encomiable la actitud y la disposición de Prasur en todo este asunto", señalan desde RB.

Con la retirada de RB fue posible que los comerciantes de la barriada concurrieran ofertando el tipo mínimo de licitación, 15.853.320 euros, en lugar de los 16.177.320 euros que hubieran tenido que ofertar para alcanzar los 15 puntos de la oferta económica.

Desde la fecha de adjudicación, (28 de enero de 2009), la empresa de los comerciantes tiene "vía libre total y absoluta para comprar, construir y gestionar el centro comercial. Pero alcanzado este punto -sostiene el grupo- parecen no querer hacerlo llegándose a lo absurdo. Porque absurdo es el hecho de que impugnasen ante el Ayuntamiento el propio acuerdo por el que se le adjudica la parcela. Cuestión que desconcierta de igual manera al Servicio Técnico Municipal", que informó el recurso y que literalmente dice: "sin que por otra parte se entienda qué interés puede tener la entidad adjudicataria en la anulación de un acuerdo que declara derechos a su favor." Un expediente de compraventa que se inició hace más de un año, -prosigue el comunicado- "y que aún no ha concluido porque actualmente conocemos por la prensa que se tiene previsto modificar la fórmula de pago del precio" proponiendo elevar al Pleno un calendario de pago que comenzaba por 2 millones de euros antes del 31 de julio, abono que todavía no se ha producido, pues finalmente el calendario se retiró del Pleno".

Advierten desde RB que "esta forma de pago contradice expresamente los pliegos del concurso", donde se estipula que el precio ofertado por el adjudicatario será pagado a Urbanismo, a la formalización del contrato en escritura pública, siendo causa de resolución el impago del mismo en el momento señalado. "Será preceptiva la formalización de la enajenación en escritura pública, la cual se otorgará en el plazo máximo de un mes y medio desde la adjudicación definitiva."

Por todas estas cuestiones, el Grupo RB insta ahora al equipo de Gobierno del Ayuntamiento, en base a "actuar y garantizar entre otros muchos principios, el principio de legalidad, esperando que haya considerado adecuadamente que modificar para el adjudicatario lo que dispuso en los pliegos en cuanto a precio y demás condiciones, no suponga un obstáculo a los principios de libre concurrencia y buena fe que deben presidir la contratación de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que otros posibles licitadores distintos del adjudicatario podían haber concurrido con sus proposiciones si hubieran sido conocedores de la modificación que ahora se produce".

Tal y como se vienen desarrollando los acontecimientos el Grupo RB se encuentra en disposición de hacer una oferta de compra a Prasur de la totalidad de las parcelas comercial y hotelera, aportando para ello carta de "solvencia bancaria" y de "garantía para la ejecución". Conflicto de final abierto, pues.