La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró ayer que el Ejecutivo esperará a conocer el contenido de la sentencia del Constitucional que anula las plusvalías para responder a esta situación que “provoca una merma importante de las arcas municipales”.

Rodríguez, que inauguró en Torremolinos (Málaga) las jornadas 40 años de la FEMP: Proximidad y Poder Local, afirmó, a preguntas de los periodistas, que han tenido “conocimiento del pronunciamiento del Constitucional, que se refiere a una reforma legal que llevó a cabo el Gobierno del PP”. Sin embargo, no conoce la postura del Constitucional “en su profundidad porque no se conoce el texto de la sentencia”.

El Gobierno está “esperando a conocer concretamente la formulación en que se expresa el Constitucional para dar una respuesta que dé satisfacción a esta situación que realmente provoca una merma importante en las arcas municipales y en los recursos para la prestación de servicios básicos a la ciudadanía”, según la ministra.

Isabel Rodríguez reiteró que el Gobierno tiene preparados “textos y borradores”, pero “por rigor” no puede avanzar nada más, ya que “dependerá del tenor de la sentencia”, aunque avanzó que actuará “para dar respuesta a una demanda legítima de los ayuntamientos” que el Ejecutivo “apoya”.

Por su parte, la FEMP anunció ayer que va a pedir al Gobierno central la aprobación urgente de una norma legal que reforme el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de forma que “se garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos y los Gobiernos Locales y la correspondiente recaudación para las haciendas locales”.

La reciente sentencia declara la nulidad de los artículos relativos al cálculo de la base imponible del impuesto y hace imposible su aplicación, lo que significa un “fuerte deterioro” de las finanzas municipales (alrededor de 2.500 millones de euros anuales).

A la espera de la publicación completa del fallo, la declaración aprobada por la Junta de Gobierno recoge, en este sentido, la petición de dotar un fondo de compensación a los Ayuntamientos por las cantidades no recaudadas, y añade que “este concepto debe hacerse extensivo a las pérdidas de recaudación originadas por las anteriores Sentencias del Tribunal Constitucional”.

Por último, la FEMP pide al Parlamento de España que tramite de urgencia las normas que sean precisas para poder hacer efectivas estas demandas.