Gallardo sostiene que la DIA que elimina la refinería no tiene fundamento técnico

El promotor del proyecto de Refinería Balboa, Grupo Alfonso Gallardo, se ha ratificado en su postura de días pasados de que la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es de todo, "menos técnica, objetiva y rigurosa", habiendo sobrepasado con creces las competencias atribuidas a un equipo técnico ministerial y poniendo en la picota el modelo de desarrollo y, por tanto, el futuro de Extremadura. El proyecto contemplaba la instalación de la refinería en el términio municipal de Los Santos de Maimona (Badajoz). El pasado lunes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución de la DIA, negativa al proyecto industrial.

En opinión de Gallardo, "alguien debería asumir esta irresponsabilidad" porque no se puede permitir que un proyecto viable técnica y ambientalmente, y que cumple con toda la legalidad vigente, no salga adelante. El Ministerio de Industria debería aplicar el sentido común y revocar la DIA negativa para encauzar esta iniciativa lo antes posible. Por mi parte, añadió Gallardo, "seguiré defendiendo este proyecto hasta el final".

El grupo promotor de la Refinería Balboa sostiene que es la única DIA negativa que no se basa en ningún informe técnico avalado por una administración competente, con una redacción sumamente subjetiva y sin ninguna rigurosidad en la mayoría de las afirmaciones efectuadas; "vulnera los derechos del administrado al indicar que hay aspectos sin analizar adecuadamente cuando no se ha requerido al promotor, en ningún momento, tal información y cuando se aportan datos falsos y manipulados".

Para Gallardo, el Ministerio de Medio Ambiente también incumple el Real Decreto 509/2007 al no recoger en la DIA, ni los argumentos esgrimidos por la Junta de Extremadura en sus alegaciones a favor del proyecto, defendidas en las mesas de trabajo celebradas en junio pasado, ni las motivaciones que han llevado al Ministerio a no considerar tales argumentos.

Fundamenta, añade el grupo promotor, su resolución negativa sin aportar ningún criterio técnico, en la "enorme contestación social al proyecto para concluir que el impacto socioeconómico será significativo. Esta justificación también la ha defendido el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, desdeñando el derecho administrativo y los informes técnicos".

Ambos obvian, argumenta Gallardo, los resultados del informe de la Universidad de Extremadura (UEX) que apuntan a todo lo contrario, así como las diferentes encuestas realizadas entre la población y estudios socioeconómicos aportados por expertos en la materia.