Formades: del exceso de personal al de caballos

La investigación y toma de declaraciones de la Guardia Civil sobre el Centro Andaluz de Formación Medioambiental dibuja un panorama más que alejado de una buena gestión. Profundizando en las irregularidades detectadas por el Instituto Armado y que llevaron en su día a la Junta de Andalucía a reclamar el reintegro de 1,7 millones de euros se encuentran (según las declaraciones de algunos testigos) un personal sobredimensionado en algún servicio, caballos de amigos de la directora albergados en las cuadras y suministros pagados por encima de su precio de mercado. Un cúmulo de circunstancias que acabaron con la gerente del centro, Ana María Orihuela, destituida y posteriormente detenida por la juez Mercedes Alaya.

La contratación de empresas incumpliendo la normativa vigente es la principal irregularidad recogida en un informe autonómico primero y en las diligencias de la Guardia Civil después. Ésta llega a hablar de "fraccionamientos fraudulentos" de contrato para evitar el límite establecido en la legislación, de 30.000 euros en el caso de obras y de 12.000 euros para el suministro de bienes o servicios. Los contratos que más polémica despertaron son los formalizados con el hijo y el sobrino de la directora, especialmente el primero de ellos. Según uno de los testigos, gracias a este servicio de mantenimiento estaba trabajando también el otro hijo de la directora. Los contratos familiares incluían también a la esposa de su sobrino.

El servicio de mantenimiento se extendió por tres años (algo también prohibido), con un coste total de 275.776 euros por la prestación de servicios de mantenimiento. Un coste que según uno de los testigos se debía a que la empresa tenía "más personal del que necesitaba y sobrevaloraba el coste". No es el único momento en el que se habla de sobrecoste en el expediente; según recoge el Instituto Armado, el encargado de prestar los servicios veterinarios ingresó 195.958 euros en tres años. Pero además era uno de los proveedores de pienso del consorcio y "como en la zona nadie quería suministrar pienso al consorcio, por temor a que éste no le pagara, las facturas de suministro que realizaba el veterinario eran muy superiores al valor del mercado (se estaban pagando 600 euros por tonelada cuando el precio del mercado eran 300)", declaraba otro testigo.

Otra empresa incluida en el expediente dentro de los acuerdos "que se firmaron irregularmente" según el Instituto Armado, Ruralia, también aportó suministros para la manutención de los caballos por un importe de 45.644 euros en el año 2010. Uno de los administradores de esta empresa, Isidro Medina, destaca por estar incluido en la lista del PSOE de Almonte para las próximas elecciones municipales, en un puesto de salida; también fue el portavoz de los empresarios afectados por los impagos de Formades cuando el centro empezó a hacer aguas. En 2012, calculaba que el centro debía a sus proveedores unos 800.000 euros. Había una tercera empresa de suministros para la manutención de los caballos, Orteagro, que en dos años cobró 38.660 euros.

Otra de las denuncias que hace un testigo es que "en el consorcio había muchos más caballos de los que se necesitaban para la formación". Este testigo lo atribuía a que "había caballos cedidos por parte de la directora gerente, de tal manera que estos dejaban usar el caballo para la formación, pero a cambio el consorcio los mantenía y le dejaba disponer de ellos cuando lo necesitaran". En cambio, otro testigo recuerda al jefe de estudios pidiendo más animales.