La Fiscalía remite el expediente de Corrales al instructor del caso Orta

El Juzgado de Instrucción 3 de Huelva tiene en sus manos la documentación relativa a algunas de las edificaciones que contaron con el visto bueno del Ayuntamiento de Aljaraque en el anterior mandato, cuando gobernaba el PP. La Fiscalía de Huelva, a la que en los últimos meses llegaron dos denuncias consecutivas de familias que adquirieron viviendas en una de las urbanizaciones (la zona ya construida en El Recreo de Aljaraque), ha remitido copia de la misma al Instrucción número 3 para que tenga conocimiento de los hechos y descarte o confirme si guardan algún tipo de relación con la investigación que tiene abierta desde hace casi dos años contra el ex regidor de Aljaraque, Juan Manuel Orta, el ex concejal de Urbanismo, Casto Pino, y un ex socio del alcalde, confirmaron a este diario fuentes del Ministerio Público.

Hace ahora quince meses, como consecuencia de esta investigación, Orta y Casto Pino fueron detenidos (abril de 2008) por una presunta trama de fraude fiscal, detención ordenada por el mismo juzgado. Al ex alcalde y a su colaborador y responsable municipal de Urbanismo se les imputó inicialmente por blanqueo de capital, fraude fiscal y posible falsedad documental. Hasta hora, ninguno de los cargos guardan relación directa con la gestión pública de los imputados.

La Fiscalía no hace ningún tipo de calificación de la construcción y concesión de licencias por parte del Ayuntamiento en los terrenos afectados por la contaminación de metales pesados, afección que fue declarada de forma oficial por la Junta en agosto y octubre de 2007, por lo que tendrá que ser el juzgado en el que determine si existe algún tipo de anomalía y si suma esta documentación a las diligencias ya abiertas. Esta es la segunda decisión que toma la Fiscalía tras recibir la segunda denuncia por parte de particulares. El pasado junio, la acusación pública remitió un escrito al Decanato de los Juzgados para que repartiera el expediente y se iniciara una investigación por posible estafa. En la zona en la que la Junta de Andalucía confirmó la presencia de metales pesados en elevadas concentraciones, en suelos pertenecientes a los planes parciales residenciales 9 y 12 de Aljaraque, están ya construidas 122 viviendas, de las que se han vendido ya la mayoría.

La primera denuncia se presentó a finales del ejercicio 2007 y en aquel momento se abrieron diligencias informativas. La Fiscalía confirmó entonces una "clara situación de contaminación en los suelos" pero no llegó a determinar la autoría de la contaminación, por tratarse de terrenos que concentraron actividad minera durante más de un siglo (tratamiento y machaqueo de pirita y el traslado de las cenizas). Por este motivo y tras la afirmación de la dirección del Paraje Natural Marismas del Odiel que el espacio no había sufrido afección alguna, según indicaron fuentes de la Fiscalía, el Ministerio Público optó por archivar la causa. Sin embargo, el fiscal remitió escrito a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta para que tomara medidas encaminadas a paliar la contaminación.

Los resultados de los estudios y analíticas realizados entonces, tanto por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil como por la Policía Autonómica fueron coincidentes, confirmando ambos la presencia de metales pesados, al igual que la Administración andaluza. En la denuncia que ahora está en poder el Instrucción 3, que también llegó a Medio Ambiente y a la Oficina del Defensor del Pueblo, José Chamizo, los propietarios aseguraban que en el momento de comprar las viviendas desconocían la situación en la que se encontraban los terrenos colindantes y la presencia de metales pesados, tanto en el suelo como en las aguas subterráneas, como señala también la resolución de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta.

Entre abril de 2006 y mayo de 2006, el Ayuntamiento de Aljaraque desoyó los requerimientos de la Junta de Andalucía para que informara de la situación de los terrenos potencialmente contaminados por haberse desarrollado en este suelo la actividad minera

Ya, en aquellos momentos, el departamento andaluz de Medio Ambiente advertía de consecuencias futuras si el Ayuntamiento (que forma parte de la Junta de Compensación) no daba contestación a su petición de información. "Esta situación pudiera acarrear graves perjuicios para la promotora, ya que de continuarse con la urbanización -sobre la que desconocemos si tiene licencia municipal de obra- y finalmente el suelo fuera declarado como contaminado". La Junta indicó posteriormente que la contaminación detectada pudiera suponer un riesgo para la salud humana por efectos tóxicos y cancerígenos, debido al contacto dérmico y la ingestión accidental de suelo contaminado y agua y a la inhalación de vapores en espacios abiertos y cerrados, provenientes tanto desde el suelo como desde las aguas subterráneas.