La Fiscalía de Huelva archiva la querella presentada por la Federación de Sindicatos de la Confederación General del Trabajo de Huelva (CGT) contra la Mancomunidad de Servicios de Huelva (MAS) y contra Giahsa, personalizadas en su presidenta, Laura Pichardo Romdero, y todos los integrantes del consejo de administración de la misma, así como contra el director ejecutivo y el gerente de Giahsa. A todos ellos se les acusaba de irregularidades en los precios fijados en el agua y en los servicios asociados.

La CGT denunciaba que los investigados habían operado para elevar los precios sin el control de la Junta de Andalucía y que como consecuencia de ello sometían a los usuarios al pago de costes superiores a los que legalmente correspondía. Como consecuencia de ello, la CGT señalaba en los hechos presuntos delitos de prevaricación (artículo 404 del Código Penal) y otro de maquinación para la alteración del precio de las cosas tipificado en los artículos 281 y 284 del Código Penal La Fiscalía concluye en el auto al que ha tenido acceso este diario que “no se acredita que tales hechos sean constitutivos de delito”.

En lo referente a la presunta prevaricación, la Fiscalía sostiene que “no se considera que los hechos denunciados sean constitutivos de delito por cuanto que no consta que haya habido una actuación por parte de MAS o de Giahsa tendenciosa y dirigida a causar un perjuicio para los usuarios” al considerar que “el procedimiento para el establecimiento y concreción de las tarifas se ha ajustado a la norma”.

Tampoco encuentra la Fiscalía irregularidades referentes a la presunta alteración del precio ya que “parece evidente que los hechos denunciados no encajan en las conductas descritas” en los artículos que fijan los criterios delictivos. Entiende el representante del ministerio público que la actuación respetó la legislación vigente, por lo que archiva igualmente las diligencias.