“Lo estamos haciendo muy mal. Han aumentado un 48%, en 2018 respecto a 2017, los menores maltratadores, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Algo grave estamos haciendo cuando esta última estadística establece, además, que el 27% de la juventud ve normal la violencia de género”.

Muy claro, y con datos demoledores, habló ayer la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía de Huelva, Adela García Barreiro, en algo más que la expresión de una preocupación personal por la situación actual de la lucha contra la violencia de género. Presentaba ayer en la Diputación la quinta edición de las Jornadas Formativas en Violencia de Género, pero puso el acento en lo que consideró “un reto” propio, la juventud, “la asignatura pendiente” en ese frente abierto que, a su juicio, debe incidir en la raíz del problema.

“¿Cómo es posible que las tasas de violencia entre nuestra juventud y adolescentes vayan creciendo hasta tal punto que lo consideran algo normal, si cada vez tenemos leyes más duras, cada vez tenemos más recursos y más formación?”, reflexionaba la fiscal.

Ese informe del CGPJ es el mismo que recoge –apuntó– que todos los jóvenes encuestados conocen a algún compañero que somete a su pareja a una situación de maltrato. “Se lo he dicho a la consejera esta mañana: soy muy crítica y no me vale hablar de Pacto de Estado, que me parece fenomenal pero no es nada nuevo”.

Adela García Barreiro hace referencia a lo recogido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, “que establecía medidas obligatorias de formación de los educadores y de formación de los menores, desde la más tierna infancia hasta la Universidad, y, sinceramente, eso no se está realizando”.

La fiscal destaca que la prioridad pasa por “formar al profesorado y establecer una formación y educación en igualdad, obligatoria y preceptiva desde la edad preescolar, pasando por el Bachillerato, la Secundaria, hasta la Universidad”. “Incluso más adelante –añadió– a psicólogos, a médicos y MIR, cuando aprueben, con formación en igualdad”. “De esa forma podremos llegar. Para mí es lo más importante y lo más difícil que queda”, sentenció García Barreiro.

No dejó pasar la oportunidad la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Huelva de poner el foco también en “la mujer que no sale, la que no da el paso”, para que “sepa que puede denunciar”. Y tampoco lo hizo el magistrado Ricardo Rodríguez Ruiz, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Huelva, para pedir más atención a dos colectivos “especialmente vulnerables”, que son “las mujeres con discapacidad física, psíquica o sensorial y las mujeres en situación de inmigración y, sobre todo, de irregularidad, porque tienen la doble barrera de la violencia y de la falta de apoyo social y familiar”, además de “la mujer rural”, que también apuntó Adela García Barreiro, quien destacó el gran número de casos existentes en los juzgados de Ayamonte y La Palma; sobre todo en los primeros, “que en cierta medida se puede equiparar a los de la capital”.

Ricardo Rodríguez Ruiz aclaró que en Huelva “se viene manteniendo” el número de denuncias tramitadas sobre el millar, aunque no hay datos actualizados sobre los casos registrados este año en la provincia de Huelva. Los más graves son el conocido intento de asesinato de una mujer en Bollullos, que salvó la vida tras dejarla en estado crítico su agresor antes de suicidarse; y un segundo intento de homicidio en una población cercana a la capital, del que no se han dado más detalles.

Rodríguez Ruiz y García Barreiro están al frente de las jornadas que organiza la Diputación de Huelva, para las que hay 600 inscritos “y más gente en espera”. La vicepresidenta de la institución, María Eugenia Limón, destacó en su presentación que son un punto de encuentro entre profesionales de distintas disciplinas, “un foro obligado para el encuentro, la formación y la reflexión”.

El magistrado quiere centrarse en esta ocasión en la trata de personas y en la doctrina del Supremo en protección de menores, mientras la fiscal extiende la lucha contra la violencia de género más allá de la acción judicial, en cuanto al tratamiento de los maltratadores, la formación de los abogados, o la atención cercana a las víctimas, entre otros.