Una mezcla entre escepticismo, desilusión y esperanza es lo que ha despertado en Huelva la entrada en vigor de la ley de bienestar animal, una norma, la primera con caracter estatal, que desarrolla un marco jurídico para la protección integral de los animales. 

La norma animalista, aunque ambiciosa en sus propósitos iniciales, no parece haber cubierto las expectativas de muchas familias, profesionales y colectivos. Entre otras cuestiones, la ley prohibe la acción de dejar a un perro solo en la puerta de un establecimiento mientras se está comprando o la obligación del cuidador de mantener un seguro de responsabilidad civil. 

Para quienes defienden los derechos de los animales, el principal escollo que plantea es que deja fuera a los colectivos más vulnerables frente al maltrato, en esencia, los perros de caza y los toros. Aunque no hay datos oficiales sobre el número de perros abandonados a causa de la actividad cinegética en Huelva, se estima que seis de cada diez canes que acaban en las perreras onubenses son razas utilizadas para la cacería, - podencos y galgos, en su mayoría - , a partir de los dos años de edad, cuando dejan de ser útiles. 

A falta de un reglamento que la desarrolle, con el que no se cuenta mientras el Gobierno se mantenga en funciones, la ley no se aplicará en aspectos considerados estratégicos como el curso de formación gratuita para tenencia de perros (artículo 30) o la póliza de responsabilidad civil. A lo que sí deberán atender los onubenses es a otra serie de cuestiones que ya se están aplicando y que por tanto son susceptibles de responsabilidad juridica como son la prohibición de sacrificar animales sin causa veterinaria justificada, la prohibición de dejar animales solos o encerrados sin supervisión la comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de animales así como su exposición para fines comerciales. También se considera prohibida la tenencia como animal de compañía de reptiles venenosos o primates, entre otros, así como la utilización de animales en espectáculos que causen "angustia, dolor o sufrimiento" al animal, excluyendo, paradójicamente, las corridas de toros.  

"Sin conciencia social la ley nace muerta"

Para la actividad de refugios como el que la Asociación protectora de animales y plantas (APAPA) mantiene en Ayamonte, la norma supone "un paso atrás" y una oportunidad perdida de ahondar en el cuidado y respeto por los animales. "Nos están llegando muchas quejas de familias con cuatro o cinco perros que no van a poder afrontar el pago de un seguro para todos ellos y nos tememos que esto pueda generar más abandono", explica Isabel Saldaña,  responsable del área de perros abandonados de APAPA. 

Saldaña considera que falta colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad para poder acabar con prácticas de maltrato y abandono. "En Ayamonte denuncias casos de este tipo y hacen caso omiso o te dicen que lo dejes amarrado a un poste". En cuanto a los perros de caza, la responsable de APAPA entiende que son los que más sufren. "Tenemos un gran porcentaje de ellos porque estamos en zona de coto de caza, además vamos a buscarlos a Badajoz de donde a manudo llegan golpeados o desnutridos, no entiendo que la Ley los deje fuera". 

"Sin concienciación sobre el cuidado y la responsabilidad de los animales esta ley nace muerta", asegura Juan Antonio Ruíz, auxiliar de veterinaria y voluntario habitual en diversos colectivos animalistas. "Nadie duda que es un paso adelante, aunque sea un paso corto, y que va a permitir perseguir prácticas que hasta ahora se le escapaban al código penal" ahora bien, sin campañas de sensibilización efectivas las normas quedan en papel mojado. "Hace falta más concienciación social sobre el abandono y el maltrato animal, sin ellas, como pasa con todo, la ley nace muerta". 

En cuanto a las familias que conviven con animales la opinión es dispar. Mientras algunas consideran esta ley "un movimiento en la buena dirección" otras aseguran que restringe la libertad personal en referencia a la tenencia de animales que a partir de ahora no podrán tenerse en domicilios particulares.