Las farmacias de la provincia están aplicando con escasos contratiempos el nuevo sistema de dispensación de medicamentos que se activó el 18 de julio y que permite que ciudadanos de otras autonomías puedan descargar sus recetas por el sistema electrónico, tal y como sucede con los andaluces desde hace años.

Este nuevo sistema de dispensación, que pretende poner freno al Babel sanitario español, sirve de manera indirecta para saber la procedencia de los turistas nacionales que vienen durante el verano. De este modo, según las oficinas de farmacia consultadas por este periódico, la mayoría de los clientes que acuden a retirar medicamentos son extremeños, seguidos de los vascos, aunque hay que tener en cuenta que el sistema informático aún tiene algunas excepciones. Una de ellas muy significativa corresponde a la Comunidad de Madrid, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aunque las farmacias consultadas apuntaron también a Galicia, que aún presenta problemas.

El programa solo ve las referencias disponibles en el caso de clientes de otras comunidades30%De descenso. Es lo que han bajado las visitas a las consultas gracias a la receta electrónica

Donde más se está viviendo este acceso informático a los medicamentos es en los lugares de costa. Desde la farmacia Covadonga Dupuy de La Antilla se indica que "se trata de un programa piloto que aún da algunos problemas, pero que presenta diferencias con los usuarios andaluces". Esas diferencias se centran en que el farmacéutico puede ver en la tarjeta del usuario del SAS los medicamentos que tiene disponibles y los que le serán cargados en la tarjeta próximamente. En el caso de los usuarios de otras autonomías solo se tiene acceso a los que aparecen en ese momento como disponibles.

En la farmacia de José Antonio Quintero de Matalascañas, todos los días tienen clientes de otros lugares de España y reconocen que "el sistema va relativamente bien" pero entienden que "aún hay que mejorarlo mucho".

Todas las oficinas tanto de esas zonas de la provincia como las del centro de la capital, tienen un conocimiento muy completo del nuevo programa en el que hay que tener en cuenta que hay tarjetas que funcionan con un chip y otras que lo hacen con banda magnética. Aun así, los farmacéuticos y resto de empleados están muy familiarizados con el mecanismo.

Todos los problemas y contingencias que van surgiendo son remitidas al Colegio de Farmacéuticos de Huelva que los estudia y si corresponde los tramitará a la Organización Farmacéutica Colegial.

En el centro de la capital, la presencia de clientes de otras autonomías es menor que en los enclaves costeros "aunque el otro día vino un señor del País Vasco para preguntar si realmente funcionaba el sistema", comentan desde una oficina de la calle Plus Ultra. Todos además coinciden en que los turistas vienen con bastante información acerca del nuevo sistema.

Andalucía fue pionera en la puesta en marcha de la receta electrónica que aquí se conoció como Receta XXI. La receta electrónica es un buen ejemplo de la transformación digital que vive el sistema sanitario y la prestación farmacéutica y ha permitido, entre otros beneficios, reducir entre un 20% y un 30% las visitas a Atención Primaria, ocasiones en las que el paciente sólo acudía para renovar recetas, optimizando así los recursos y agilizando la dinámica de esas consultas que con bastante frecuencia se saturaban. Desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos se entiende que esta receta ha supuesto también un avance en el uso seguro de los medicamentos, además de consolidar la relación farmacéutico-paciente y facilitar la implantación de servicios farmacéuticos; avances que se podrían extender a ámbitos como la comunicación farmacéutico-médico que facilitaría la labor asistencial de prescriptores y dispensadores.

El nuevo sistema ha interconectado a 40 millones de usuarios. En el año 2013 se inició un pilotaje con el objetivo de poner a prueba esta interoperabilidad, para detectar los aspectos susceptibles de mejora y corregirlos antes de su implantación generalizada. Las comunidades participantes fueron Canarias y Extremadura. Tras la finalización del pilotaje, el 7 de julio de 2015 se consolidó el arranque efectivo del proyecto.