Huelva

El Estado asume su culpa en el crimen de Mari Luz Cortés y pagará 60.000 euros a sus padres

  • La Audiencia Nacional ratifica la resolución y rechaza los 325.000 euros que reclamaban los Cortés

  • Reconoce la causalidad entre el asesinato y el mal funcionamiento de la Justicia

  • Del Valle debía estar en prisión cuando cometió el asesinato, pero nadie ejecutó la sentencia

Juan José Cortés e Irene Suárez en una concentración durante la desaparición de Mari Luz. Juan José Cortés e Irene Suárez en una concentración durante la desaparición de Mari Luz.

Juan José Cortés e Irene Suárez en una concentración durante la desaparición de Mari Luz. / Antonio Pizarro (Sevilla)

El Ministerio de Justicia indemnizará con 60.000 euros a los padres de Mari Luz Cortés, Juan José Cortés e Irene Suárez, en concepto de responsabilidad patrimonial por el asesinato de la pequeña el 13 de enero de 2008 a manos del pederasta Santiago del Valle, al reconocer la causalidad entre la muerte violenta y el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Esto es así después de que la Audiencia Nacional haya confirmado en una sentencia la resolución del Ministerio de Justicia de 10 de diciembre de 2018, que disponía dicha cantidad y que fue recurrida por los Cortés, que aspiraban a ingresar más de 300.000 euros.

Dicha resolución establece que "resulta evidente la relación de causalidad entre el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, la demora en la ejecución de las penas de prisión -de más de dos años- a que había sido condenado Del Valle, y el propio asesinato, pues resulta evidente el estadio previo peligroso del responsable antes de la comisión del asesinato de la menor".

Ello porque Del Valle debería de haber estado cumpliendo prisión cuando sucedieron los hechos al tener pendiente una condena de más de 33 meses por, entre otros, un delito de abusos sexuales sobre su hija, que tenía que haberse ejecutado en el 2006.

Por ello, reconoce el derecho de los reclamantes a ser indemnizados del perjuicio moral sufrido como consecuencia del resultado dañoso, con arreglo a doctrina del riesgo; daño que tiene diferente naturaleza de la responsabilidad civil derivada del delito, y que se valora en 30.000 euros para cada uno de los progenitores.

Los Cortés presentaron ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo, en el que aceptando la declaración de responsabilidad contenida en ella, discrepaban del importe reconocido, reclamando un total de 325.743,56 euros, que incluye 140.871,78 para cada progenitor (281.743,56 euros); y otros 44.000 para los hijos menores (total: 325.743,56 euros).

La Audiencia rechaza que los hijos deban de ser indemnizados, ya que "quienes aparecen como interesados y reclamantes en dicho procedimiento son exclusivamente los dos progenitores".

Posteriormente, en cuanto al importe que les corresponde, precisa que la resolución impugnada remarca que la indemnización no puede equipararse a las cantidades fijadas en la sentencia penal -122.000 euros-, "lo que sería tanto como hacer de la demora en la ejecución el factor determinante de los hechos, cuando dicho factor no es preponderante".

Y ello, porque considera que no cabe afirmar con rotundidad que en caso de haberse ejecutado con prontitud las penas impuestas al haberse dictado auto de ejecución, a la fecha de los hechos le hubieran restado 10 meses por lo hubiera sido factible una situación de semilibertad.

Por todo ello, la Audiencia Nacional acepta todos estos motivos y considera adecuada la suma que ha concedido la Administración a los cónyuges.

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