El comité de Ercros quiere que la Justicia dictamine si el ERE tiene aspectos ilegales

La plantilla de la planta de Ercros en Palos de la Frontera dejará por el momento las movilizaciones y buscará el amparo de las administraciones ante lo que consideran, un expediente de regulación de empleo (ERE) que discrimina a los trabajadores onubenses en relación a sus compañeros de otros centros de Ercros del país.

Ayer fue un día de reuniones. A la de algunos de los miembros del comité con representantes de FIA-UGT le siguió, por la tarde, la del comité de empresa al completo. De allí salió un comunicado escrito por el secretario general de FIA-UGT de Huelva, Luciano Gómez, en el que los representantes de los trabajadores pedirán a la Dirección General del Trabajo que no homologue el acuerdo alcanzado el lunes en Barcelona, entre la directiva de Ercros y los sindicatos y lo remita al Juzgado de lo Social para determinar "si ha habido actuaciones contrarias al derecho por parte de la empresa". Ese acuerdo no fue ratificado por los representantes de la plantilla onubense.

Según explicó Gómez, el sindicato pedirá la tutela de las administraciones implicadas, presentando un escrito ante la Dirección General de Trabajo en el que denuncian los aspectos del acuerdo que son "más lesivos y discriminatorios" para los trabajadores del grupo Ercros en general y de los del centro de Huelva en particular, así como de "las negativas circunstancias que han concurrido durante el desarrollo del periodo de negociación".

En este sentido, el comité de empresa pedirá a ese órgano que "paralice la aplicación del ERE" que presentará la empresa y "dilucide si no ha habido actuaciones contrarias al derecho por parte de la empresa, en la consecución de dicho acuerdo".

El sindicato hizo hincapié en la necesidad de que la Administración autonómica supedite las ayudas y subvenciones que están negociando con Ercros a un marco de medidas laborales "justas y equilibradas", así como que "propicien los contactos precisos entre el comité de empresa y la dirección del grupo Ercros, que permitan modificar aquellos aspectos que son claramente ilegales, por discriminatorios.

Sobre este tema también se pronunció ayer el delegado del Gobierno andaluz, Manuel Alfonso Jiménez, quien consideró como no aceptable que la dirección de Ercros haya establecido condiciones diferentes en función de donde esté ubicada la planta, cuando "la legislación laboral es única en toda España". El delegado añadió que la situación es un "poquito disparatada, teniendo en cuenta que las consecuencias de un contrato de trabajo son iguales en cualquier parte de España". En este sentido, indicó que las obligaciones con los trabajadores y su solución laboral, por tanto, "las tiene la empresa", a lo que añadió que "lo que tenga que concluir con cualquier trabajador con respecto a su contrato es una obligación única y exclusivamente de la empresa".