Emtusa abre la puerta a los tribunales por la huelga "ilegal" de Colombinas

"Han sido tajantes y rápidos. No han querido negociar". Con este resabio se quedaron ayer los trabajadores del servicio municipal de autobús cuando en pocos minutos se despachó el acto de mediación concertado en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). La convocatoria de conciliación entre Emtusa y su comité de empresa se saldó sin acuerdo, con lo que el Ayuntamiento mantiene en los mismos términos la impugnación de la huelga que la plantilla secundó en las Fiestas Colombinas.

El Consistorio esgrime que el paro convocado entre el 30 de julio y el 4 de agosto en estos servicios especiales no se ajustó a derecho, calificando esta medida de movilización como "ilegal e ilícita, además de abusiva", por cuanto se reivindicaba el cobro de las nóminas "cuando en esa fecha todos los pagos estaban al corriente a excepción de los conceptos de 2012 que se encuentran a la espera de sentencia judicial", explicó entonces el presidente de la empresa y primer teniente de alcalde, Francisco Moro.

En declaraciones a este diario, el vicepresidente del comité de empresa, Félix Cáceres, recordó ayer que la huelga, "en la que se respetaron los servicios mínimos con toda normalidad", se llevó a cabo para reclamar "más compromiso" al Ayuntamiento ante los retrasos en los pagos que estaba afectando a la plantilla en los últimos meses, después de que se les bajara el sueldo en torno a un 33% en el marco del plan de ajuste.

Los asesores jurídicos de los trabajadores de Emtusa aducen, además, que el artículo al que se acoge el Consistorio para denunciar esta huelga está "derogado y obsoleto".

Por otra parte, Cáceres lamentó que el abogado de Emtusa les transmitiera en el minuto uno que "no iban a llegar a un acuerdo" puesto que el consenso en el Sercla "tendría que haberse conseguido antes de convocar la huelga". Ahora la plantilla está a la espera de "los pasos que dé la empresa".

La puerta queda, pues, abierta a los tribunales, aunque los representantes de los trabajadores intuyen que esta maniobra de los mandatarios del PP en el Consistorio se reservan la amenaza de judicialización como un as en la manga para presionar en futuras negociaciones. Ni Moro ni ningún otro gestor municipal accedió a hacer ayer declaraciones sobre un asunto que, de prosperar y ratificarse la "ilegalidad" de la huelga, podría conllevar la apertuta de expedientes sancionadores a los trabajadores, con suspensión temporal de empleo y sueldo o la fórmula que se determinase. Todo es confusión por el momento -el Ayuntamiento no enseña ninguna carta-, en este frente y prácticamente todos los que atañen al futuro del servicio de autobús de la ciudad.