El caso de los ERE sube de nivel y alcanza un nuevo peldaño en la pirámide de responsabilidades que en su día dibujó la juez Mercedes Alaya. Pero ha sido ahora la magistrada María Núñez Bolaños, que continúa la investigación del escándalo de los ERE fraudulentos, la que ha dado un salto cualitativo, al imputar por primera vez y tras más de seis años de instrucción a dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en el año 2003, en relación con las ayudas sociolaborales que se concedieron durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva.

En un auto, la juez Bolaños ha imputado en la pieza de la Faja Pirítica a 25 personas, entre las que se encuentran la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente, que formaban parte del Ministerio que entonces dirigía Eduardo Zaplana. Según Bolaños, ambas habrían cometido presuntamente un delito de prevaricación en concurso con uno de malversación "por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones".

Bolaños aprecia delitos de prevaricación en los ex altos cargos por las ayudas a los mineros

También han sido imputados seis ex altos cargos de la Junta que ya figuran en otras tantas piezas de los ERE: los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

En el auto destaca asimismo que la juez ha decidido imputar a los ex secretarios generales de UGT-A y CCOO-A Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, respectivamente, así como a otros representantes sindicales de ambas organizaciones sindicales y cinco intrusos, trabajadores de la empresa Almacenes Delgado que fueron incluidos en una de las pólizas.

La lista de los 25 investigados se completa con el dueño de Uniter, José González Mata, el abogado Carlos Leal Bonmati, y el ex secretarios general de FIA-UGT-A Salvador Mera y el ex secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO Manuel Roberto Carmona, entre otros.

De otro lado, Bolaños ha decidido no imputar a las 267 personas que aparecían como implicadas en las irregularidades en el atestado de la Guardia Civil, en su mayoría trabajadores que podrían haberse beneficiado de las ayudas sin reunir los requisitos y que estuvieron empleados en las empresas minas de Almagrera, Navan Resource, Filon Sur, Nueva Tharsis y Riotinto.

En el auto, Bolaños recuerda que el 11 de septiembre de 2002 se firmó el acuerdo marco para la aplicación de las medidas sociolaborales para la crisis de la Faja Pirítica, al que siguió un protocolo de colaboración el 29 de abril de 2003 entre la Consejería de Empleo y los sindicatos UGT y CCOO, y ese mismo día se suscribió un protocolo de actuaciones para las prejubilaciones, por el cual la Junta provisionaba seis millones de euros como parte del pago de la cuota por las prejubilaciones. Este protocolo no incluía los denominados "colectivos históricos".

Y como culminación del proceso se firmó el 31 de julio de 2003 el protocolo de adjudicación de las pólizas de prejubilaciones de la Faja Pirítica, que incluía prejubilaciones de 682 mineros.

El Ministerio de Trabajo, a través de la secretaría general de Empleo, dictó 15 resoluciones para la concesión de ayudas extraordinarias por importe de 34.594.664,01 euros, llegando a acordarse tres resoluciones por cada mina: Almagrera, Filón Sur, Nueva Tharsis, Navan Resources y Riotinto.

Para Bolaños, la investigación de las ayudas para las pólizas de prejubilación de los ex trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva ha puesto de manifiesto "tres grupos de hechos que podrían tener relevancia penal": la inclusión en las pólizas de personas que "nunca" habían trabajado en las minas; la asignación de coeficientes reductores "falseados" para el cálculo de la "edad química" de los trabajadores sujetos a los ERE para incrementar el número de beneficiarios de las pólizas; y en tercer lugar el "papel jugado en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los ex trabajadores afectados a través de sus representantes sindicales y en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia" el bufete Estudios Jurídicos Villasís y la mediadora Uniter.

Según la instructora, las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el Fogasa debía abonar a los ex trabajadores beneficiarios de las pólizas, "que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos", advierte Bolaños.

Sobre las ayudas a la Faja Pirítica hubo dos atestados de la Guardia Civil, en el primero de los cuales se calificó de "escrupulosa" la actuación de la Administración central, una consideración que cambió radicalmente después de haber analizado los expedientes completos del Ministerio de Trabajo que les remitió en mayo de 2015 el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

A través de los atestados, los agentes detectaron como la Administración central, "en vez de solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Huelva los listados de los coeficientes reductores de cada minero para poder saber si cada uno poseía realmente más de 55 años bonificados, utilizaron los listados confeccionados por el comité de empresa de cada mina", cuyas edades no coincidían con los cálculos del INSS.

La Guardia Civil concluye que ese acto es "totalmente voluntario", dado que en fechas anteriores el INSS "avisó" de que los coeficientes aportados eran "incorrectos", y añaden que esa decisión se tomó "debido al clima de presión generado por los sindicatos con manifestaciones y encierros".