Destituido de sus funciones ante las dudas generadas por un proceso de contratación de personal. La presidenta de la Diputación Provincial de Huelva cesó ayer a quien hasta ayer era uno de sus más estrechos colaboradores y miembro del equipo de Gobierno, José Manuel Alfaro. El moguereño ejercía como diputado de Presidencia con amplias competencias.

El hasta ahora diputado de Presidencia en la Diputación Provincial de Huelva, José Manuel Alfaro, asegura que comparte con la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, la decisión de su cese y ha remarcado que con el mismo quiere “hacer ver que hay otra forma de hacer política”.

En un comunicado, Alfaro indica además que presentará la renuncia a su acta como diputado provincial en Huelva y concejal en el Ayuntamiento de Moguer, además de renunciar a sus cargos a nivel orgánico en su partido, el PSOE. En el PSOE era miembro de la gestora del PSOE onubense como responsable de Política Municipal y miembro de la ejecutiva del PSOE moguereño.

Señala que con este comunicado quiere dirigirse a la ciudadanía de la provincia y a la militancia de su partido, el Partido Socialista Obrero Español, “al que me siento orgulloso de pertenecer y al que le deseo los mejores resultados en pro de la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía allí donde gobierna”, ha añadido.La entidad supramunicipal destacó que la decisión responde a “deficiencias de carácter administrativo en un procedimiento de gestión de recursos humanos, que aunque puedan ser involuntarias y hayan sido subsanadas dentro de la más estricta legalidad, obligan a tomar decisiones políticas”.

Alfaro apuntó que puso a disposición de la presidenta de la Diputación provincial de Huelva sus competencias en dicha administración después de haberse trasladado “deficiencias de carácter administrativo en un departamento que dependía directamente de él”, que básicamente son “discrepancias de carácter técnico entre departamentos bajo mi dependencia”. “Como responsable político del área de Recursos Humanos de la Diputación, me he visto en la obligación moral de poner a disposición de la presidenta de la Diputación mi cargo, y comparto su decisión”, prosiguió Alfaro.Durante los seis años que se dedicó al ejercicio de la actividad política y en su desempeño como gestor público, se exigió “siempre el máximo nivel de excelencia, dedicación y transparencia”, y en esa línea de trabajo “constante” decidió asumir las responsabilidades a nivel político de lo ocurrido porque cree que “es la única manera de hacer ver a la ciudadanía que hay otra forma de hacer política y gestión de lo público”.

Estas presuntas irregularidades, según ha podido saber este diario, responden a un proceso de contratación de personal. Ante “la duda sobre si se ha favorecido a una persona de forma consciente o no”, la presidenta de la Diputación destituye al responsable del área correspondiente. Hay abierto un proceso para esclarecer todo lo sucedido y depurar cualquier responsabilidades que pueda derivarse.    

En este sentido, fuentes de la institución defienden que Limón mantiene “un compromiso ético” ante el que “no tienen cabida” situaciones como las generadas con este caso. “La ciudadanía demanda soluciones, requiere responsabilidad y exige altura de miras a sus representantes públicos, por lo que es obligación actuar de inmediato ante cualquier acto que se aleje del alto nivel de ejemplaridad exigido en el actual equipo de gobierno de la Diputación”, señaló la Diputación en su comunicado. “Gobernar en política exige tomar medidas rápidas y contundentes”, insiste el organismo.

La institución agradece a José Manuel Alfaro “su colaboración desde el primer momento para facilitar la toma de esta difícil decisión, poniendo su cargo a disposición de esta Presidencia por encima de su interés personal, y preservando siempre la imagen y la vocación de servicio público de la institución”. 

El PP pidió el expediente hace una semana

El diputado provincial del PP, Santiago Ponce, ha señalado que, respecto a la decisión de la presidenta de la Diputación Huelva de cesar al diputado, José Manuel Alfaro, el Grupo Popular en la institución provincial ante la sospecha de una contratación “que apuntaban a una posible irregularidad pidió la semana pasada el expediente de esa contratación, además de solicitarse los informes tanto jurídico como del jefe de recursos humanos y de la Intervención y la Secretaría del de la Diputación”.

El popular ha subrayado que “estamos a la espera de recibir la información solicitada en breve y que una vez la analicemos veremos si podemos dar carpetazo a un asunto con el cese en las competencias de José Manuel Alfaro o debemos exigir mayores responsabilidades al más alto nivel”.

El PSOE defiende que la decisión es un ejercicio de "transparencia"

El portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Huelva, Salvador Gómez (PSOE), ha señalado este jueves que la decisión de la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, de cesar al diputado de Presidencia, José Manuel Alfaro, tras conocerse "deficiencias de carácter administrativo en un procedimiento de gestión de recursos humanos" relativo a la estructura administrativa de la Diputación, responde a un criterio de "transparencia".

Ha explicado que la ciudadanía exige decisiones "rápidas" y "transparentes", por lo que, ante la deficiencia detectada, se requieren "decisiones políticas". Se trataba de un proceso, ya cerrado, cuya deficiencia ha sido "subsanada", de manera que "no hay duda alguna sobre el mismo".

Gómez ha reiterado que dichas deficiencias, "aunque puedan ser involuntarias y hayan sido subsanadas dentro de la más estricta legalidad, obligan a tomar decisiones políticas".

En este mismo punto, ha señalado que aún es pronto para conocer quién va a sustituir a Alfaro, al que ha agradecido "la labor realizada ya que siempre ha hecho equipo y es una persona muy válida". Además, ha valorado "su colaboración" desde el primer momento para facilitar la toma de esta decisión, poniendo su cargo a disposición de la Presidencia.

Asimismo, ha indicado que el cese se hace efectivo este mismo jueves y ha explicado que este hecho de "mala suerte" le puede ocurrir "a cualquier político, pero cualquier deficiencia requiere una responsabilidad", ha dicho, incidiendo en que la "ciudadanía exige ese nivel de transparencia". A su juicio, "la ciudadanía quiere soluciones y quiere decisiones rápidas y más rápido no se ha podido actuar y la institución sigue funcionando", ha concluido.