La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de diez años de prisión impuesta por la Audiencia de Cádiz al empresario frutícola que importó desde Colombia 153 kilos de cocaína en 2016, así como la pena de tres años y siete meses de reclusión determinada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al empresario lepero que descargó la droga en una nave de su propiedad.

En la sentencia, que obra en poder de Huelva Información, se desestiman los recursos de casación interpuestos por las defensas de los dos condenados, por lo que ya es firme.

Como consta en la resolución judicial, el operativo para la incautación de la droga es fruto de la alianza entre la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, tras las "sospechas fundadas de que dos contenedores procedentes de Colombia el 29 de abril de 2016 en la terminal TTI del Puerto de Algeciras (Cádiz) pudieran contener sustancia estupefaciente oculta entre las bananas transportadas".

Por este motivo, los funcionarios procedieron a la apertura de los mismos, y hallaron al fondo de uno de ellos un palé "marcado con una cruz roja, en el interior de diecinueve cajas de cartón, de las mismas características que las restantes (un total de 2.160 cajas)".

Fue ahí donde localizaron "bananas de plástico en cuyo interior había una sustancia blanca que dio positivo en cocaína a la prueba de narcotest". Los agentes procedieron a la extracción de la sustancia, "que arrojó un peso bruto de 171 kilogramos". Una vez analizado el estupefaciente en el Laboratorio de la Subdelegación del Gobierno de Algeciras, se determinó que se trataban de 153,2 kilos de cocaína de una pureza elevada, concretamente del 80,4%.

Esta hubiera alcanzado en el mercado ilícito un valor de 5,3 millones de euros, según la estimación de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes.

En consecuencia, la Fiscalía Antidroga de Algeciras autorizó a la Udyco y a Aduanas "la circulación y entrega vigilada del contenedor" en cuestión, con el fin de "su seguimiento controlado hasta el lugar de destino y las personas que hubiesen participado en el tráfico ilícito".

El propietario de la nave onubense, sorprendido en plena descarga, tendrá que abonar una multa de 2,6 millones

La mercancía procedente de Colombia tenía como destinatario a Frutas Marsol SL, de la que era administrador único el acusado con la condena más elevada. Esta subcontrató a una compañía de transporte "para realizar la extracción de la mercancía legalmente declarada de los contenedores, y con otra empresa su transporte hasta las instalaciones de la compañía Frutas Selectas del Sur SL, radicada en la localidad de Lepe".

Uno de los depósitos, el que contenía fruta y la droga, fue cargado en un camión que llegó el 4 de mayo de 2016, sobre las 20:25, a Lepe. La descarga se produjo en "la nave rotulada con el nombre Frutas Hermanos Rodríguez", propiedad del segundo acusado y donde este alijó las cajas "utilizando una máquina fenwich". En ese momento fue detenido por los efectivos policiales.

En la sentencia destaca el Alto Tribunal que el cabecilla "había proyectado y llevado a cabo la importación de la partida de fruta conteniendo la cocaína camuflada y, una vez hubo entrado la mercancía con la droga en el Puerto de Algeciras, ordenó el cambio de destinatario", que iba a ser una empresa de Madrid y que fue cambiada por la lepera "con la finalidad de que la droga fuera extraída en una nave sita en dicha localidad y utilizada por este para su posterior entrega a terceras personas".

El principal narcotraficante ha sido condenado a diez años de prisión por la autoría de un delito consumado contra la salud pública en relación con sustancias que causan grave daño a la salud, con la agravante de notoria importancia. Además, tendrá que pagar una multa de tres millones de euros.

El acusado que descargó la droga en Lepe apeló al TSJA y consiguió una rebaja de la condena, que pasó de seis años y ocho meses a tres años y siete meses de prisión y 2,6 millones de euros de sanción, toda vez que la Sala andaluza determinó que el delito había sido perpetrado en grado de tentativa y que concurría la atenuante analógica de confesión.

En resumen, el Supremo desestimó las alegaciones del lepero por considerar que la entrega vigilada estaba justificada y que quedó probada su participación "en el transporte y posterior descarga de la sustancia tóxica, en un local que no está habilitado para la custodia y depósito de la fruta", ya que ni siquiera disponía de cámaras de refrigeración.