El Foro de Vida Independiente , una corriente de opinión formada desde Internet por más de 700 personas con diversidad funcional (discapacidad), reclamó hoy a la Junta de Andalucía que solucione el "arresto que lleva soportando durante siete años" uno de sus miembros, Joaquín Mora, un ciudadano de Huelva en silla de ruedas residente en una vivienda inaccesible propiedad de la Junta de Andalucía.

Esta corriente de opinión expresó en un comunicado que "esta situación es injusta además de insostenible" y recordó que, recientemente, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, "admitió a trámite una queja, de la que se hizo eco el Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi) a través de su secretario general, Luis Cayo Pérez, que envió sendas cartas a la Consejería de Obras Públicas y Transporte de Andalucía y a su delegado en Huelva, Gabriel Cruz".  

En dicha carta, el representante del Cermi "entiende que la solución sería la permuta de su actual vivienda por otra que reuniese las condiciones adecuadas a las necesidades de accesibilidad que Mora y su familia precisan", por lo que "solicita con ello una actuación inmediata por parte de la Junta de Andalucía en el sentido demandado, puesto que según un informe emitido por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, considera definitoria la imposibilidad de instalación del ascensor para acceder libremente a la segunda planta, en la que habita de manera indigna e inadecuada, ya que ni siquiera puede acceder al retrete para hacer sus necesidades fisiológicas guardando su intimidad".

Asimismo, el Foro de Vida Independiente consideró que, "con la circunstancia que sufre Joaquín Mora, se están vulnerando, por parte de la Administración Pública, principios y legislaciones básicas en favor de todos los ciudadanos y en particular de las personas con diversidad funcional, desde la Ley 49/2007 de 26 de diciembre por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; hasta la propia Constitución Española".

Además, aseguró que "se incumplen la Lismi, Ley 13/ 82 de 7 de abril; la Liondau, Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley 1/1999 de 21 de marzo, de atención a personas con discapacidad en Andalucía; y los propios reglamentos y decretos en materia de accesibilidad y vivienda a los que ha de dar cumplimiento la Administración Pública".