El Defensor del Pueblo investigará de oficio el experimento que varios centros penitenciarios, entre ellos el de Huelva, realizaron con presos violentos y que fue suspendido esta semana por el Ministerio del Interior. El órgano ha solicitado información a Instituciones Penitenciarias sobre estos ensayos llevados a cabo en 2016 y 2017, ya que consideran que la condición de “persona bajo custodia” de los presos elimina la voluntariedad para participar en el proyecto, según adelantó El País.

Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, el centro penitenciario de Huelva y el de Córdoba realizaron en 2016 y 2017, respectivamente, pruebas de estimulación cerebral mediante corrientes eléctricas liberadas a 41 presos considerados violentos con el fin de calmar las conductas más agresivas. Este proyecto, que fue autorizado por el anterior Gobierno, ha sido suspendido por Interior, por lo que no tendrá continuidad hasta que se conozcan las conclusiones de un informe de salud penitenciaria que se está elaborando.

El tratamiento consistió en colocarles a los presos, que participaron de forma voluntaria, unos electrodos en la cabeza para llevar una corriente eléctrica suave para estimular los dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo. Este tratamiento basado en sesiones de estimulación cerebral de unos 15 minutos de duración y que se realizó tanto a reos con delitos de sangre –como los que no lo tenían– como grupo de control. El Defensor del Pueblo investigará el experimento con presos agresivos paralizado por Interior, se prolongó durante tres días y, tras este tiempo, se concluyó que estos estímulos sirvieron para bajar la agresividad en parámetros como violencia verbal, violencia física, rabia y hostilidad.