La Delegación Territorial de Cultura de Huelva ha terminado el informe, cuyo contenido no se ha dado a conocer, sobre el expolio del yacimiento arqueológico Santa Marta-La Orden y lo trasladará hoy al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que lo incluya en las diligencias abiertas a raíz de la denuncia y la investigación iniciada.

La Consejería de Cultura, a través de su Delegación de Huelva, ha asegurado que desde el primer momento que se produjo la extracción de tierra en el área arqueológica situada en las inmediaciones del Seminario adoptó medidas cautelares para evitar que siguieran produciéndose daños en los restos.

Así, explica que instó a la paralización de los movimientos de tierra al objeto de evitar afecciones al patrimonio arqueológico, mediante un requerimiento que fue remitido a los titulares de las distintas parcelas catastrales donde se encuentra el yacimiento.

Además, señala que procedió a la apertura del trámite de actuaciones previas para determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

También requirió del Ayuntamiento de la capital información sobre si las actuaciones objeto de consideración contaban con la preceptiva licencia urbanística de obras, así como información sobre los titulares de las parcelas y los promotores y autores materiales de las obras.

La delegación aclara que no pudo realizar el precinto o vallado perimetral de la zona al tratarse de terrenos privados.

Cultura tiene previsto hoy dar traslado al Seprona del informe requerido por el equipo de investigación de la Guardia Civil con motivo de la apertura de diligencias policiales por la denuncia relativa a movimientos y extracción de tierra en el ámbito del sector B-3 de la Zona Arqueológica de Huelva.

Asimismo, contempla elevar a la Fiscalía de Medio Ambiente el informe descriptivo y valorativo de los daños sobre el yacimiento arqueológico, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural. La consejería apunta que la actuación realizada en la zona de los restos, con perjuicios irreparables y destrucción material del mismo, se encuentra tipificada en el código penal como delito contra el Patrimonio Histórico.

Cultura afirma que las obras de excavación han supuesto el destrozo de restos arqueológicos y supone una pérdida de información irreparable, que según la normativa vigente tienen la consideración de infracción muy grave.

La administración regional subraya que las acciones constituyen una infracción administrativa tipificada en materia de protección del patrimonio histórico andaluz, a expensas de que puedan ser constitutivas de un delito. Ayer anunció también que, al objeto de proceder a la documentación detallada de los perfiles estratigráficos afectados por la extracción de las tierras, va a trasladar a los titulares de las parcelas afectadas la obligación de proceder a la excavación arqueológica de urgencia, que habrá de ser autorizada e inspeccionada por la delegación territorial.

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación y en cuanto tenga toda la documentación la remitirá al juzgado de guardia o al decanato para que reparta este caso, sobre todo para agilizar en caso de que haya de tomarse alguna medida cautelar, como la paralización de cualquier actividad en las parcelas, según el fiscal de Medio Ambiente, Alfredo Flores.

El Ayuntamiento ha incoado tres expedientes sancionadores y de restitución de la legalidad urbanística contra los propietariosde las parcelas del yacimiento, Bekinsa y Altamira, y la empresa Hermanos Téllez, que realizó el movimiento de tierra, y prosigue con las investigaciones para determinar lo ocurrido en el expolio y si los hechos son constitutivos de un delito penal por los estragos causados.