El decreto con el que la Junta de Andalucía abrió en septiembre la posibilidad de regularizar más de 300.000 viviendas irregulares en la comunidad podría ser anulado en el Tribunal Constitucional. No hay todavía recurso contra él pero la amenaza existe, aseguran en el Partido Popular, por parte del Gobierno central, que ha advertido a la Administración de Juanma Moreno una posible colisión con la Ley de Costas que invalidaría la medida andaluza.

No hay nada en firme todavía y ambos ejecutivos tienen por delante un tiempo para tratar el conflicto de competencias, pero desde el PP en Huelva ya se ha censurado al Gobierno de Pedro Sánchez por esta posibilidad.

“Este decreto de regularización de viviendas fue aprobado con el visto bueno de todas las formaciones políticas en el Parlamento andaluz a excepción de Adelante Andalucía. No sólo votaron sí PP y Ciudadanos; también lo hicieron PSOE y Vox. No entendemos por qué el Gobierno de Pedro Sánchez quiere tirar por tierra este decreto que entendemos que es bueno para el futuro de nuestra comunidad”, se pronunció ayer el presidente provincial de los populares, Manuel Andrés González.

En la provincia onubense hay más de 32.000 viviendas en situación de irregularidad que estarían afectadas por este decreto, amenazado ahora, reconocen los populares, “por cuestiones de competencia”. Pese al conflicto competencial, González advierte un interés en “poner piedras en el camino a cuestiones positivas que está sacando el Gobierno del cambio liderado por Juanma Moreno”.