Crece el número de matrimonios de conveniencia con prostitutas

La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Huelva realiza, de forma habitual, inspecciones en los clubes de alterne de la provincia al objeto de conocer la situación en la que se encuentran las mujeres. En un alto porcentaje de las prostitutas extranjeras se detectan matrimonios de conveniencia, incluso con clientes que reciben una importante suma de dinero o bien cobran este trámite mediante favores sexuales.

Según han informado a Europa Press desde la citada brigada, se llevan a cabo controles en estos establecimientos, en los que también participa la Inspección de Trabajo, para evitar casos de explotación, y además se detecta "un gran porcentaje" de prostitutas no comunitarias que están casadas, "muchas de ellas con clientes".

De este modo, el contrayente consigue "dinero rápido", puesto que en la mayoría de los casos se paga una cuantía importante al no ser normalmente "menos de 4.000 euros", y ellas pueden obtener la tarjeta de familiar de comunitario y regularizar su situación en el país, por lo que esto "dificulta su expulsión".

En este sentido, han explicado que la opción del enlace matrimonial se presenta como algo más inmediato para "conseguir el estatus comunitario". Por norma general, cuando el extranjero no cumple los requisitos para regularizarse tiene dos opciones: quedarse en situación irregular con riesgo de un expediente sancionador, o bien, contraer matrimonio para adquirir los derechos de un ciudadano comunitario. En un primer momento, tras el enlace, consigue la tarjeta de familiar de comunitario y más tarde incluso puede solicitar la nacionalidad española.

Por ello, si la Policía Nacional constata que el enlace se ha celebrado de manera "fraudulenta", se comete una infracción grave de tipo económico por la que se puede pagar "entre 6.000 y 10.000 euros" y a la persona que accede a casarse también se le impone una sanción económica, en caso de que no colabore con la Policía, por fraude de ley, ya que el Código Penal de España no contempla los "matrimonios inválidos", por lo que, al no estar tipificado como delito, no conlleva pena de prisión salvo que para la unión se lleve a cabo otro delito, como la falsedad documental.

De esta manera, en el supuesto de que haya sido corroborado el provecho del matrimonio, la Policía Nacional emite el informe de investigación a la Subdelegación del Gobierno y a la Fiscalía, que si valora que existe algún tipo de indicio, lo remite a su vez al juzgado de paz o Registro Civil donde se celebró el matrimonio para, a través de un proceso civil, deliberar si se procede al auto de nulidad del matrimonio. En consecuencia, una vez que se consigue invalidar la tarjeta de familiar de comunitario, "se puede iniciar el expediente de expulsión".