El Ayuntamiento de la capital ha llegado a un acuerdo con los actuales ocupantes del kiosco bar del parque de las Palomas. Gracias a las negociaciones llevadas cabo, el Consistorio recupera la titularidad de este edificio –inmatriculado hace nueve años por los concesionarios–, mientras que a sus ocupantes se les concede su gestión por un periodo de 15 años.

En el último Pleno municipal, el equipo de Gobierno elevó una propuesta para poner fin al procedimiento por el que se recupera de oficio este bien de dominio público municipal mediante este acuerdo transaccional.

Dicha propuesta, que salió adelante por unanimidad, evita el proceso judicial y agiliza la puesta a disposición de los ciudadanos del kiosco bar.

Situado en los Jardines del Muelle, el kiosco bar es un conocido edificio de estilo racionalista diseñado por Pérez Carasa, que está incluido en el Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés del Plan General de Ordenación Urbana de 1999 y que cuenta con protección integral no monumental.

Tal y como explicó Eduardo Sugrañes en un artículo publicado en Huelva Información en noviembre de 2017, la historia del bar es singular, ya que se trata de una concesión administrativa otorgada primero por el Puerto de Huelva y más tarde del Ayuntamiento, mientras que al final acabó siendo registrada como propiedad por los concesionarios.

Así, en 2009 los ocupantes del bar iniciaron ante el Juzgado de Primera Instancia 4 el expediente para inmatricular la finca, lo que se produjo en 2010 ante la inactividad del Ayuntamiento, que no recurrió este hecho tras su publicación por los cauces normales. Esta situación se intentó solucionar con el expediente investigación instruido por decreto de 30 de abril de 2015 por el anterior equipo de Gobierno (PP), que fue quien dejó pasar por delante suya la inmatriculación.

Por inacción del equipo de Gobierno anterior, la propiedad pasó a manos del concesionario

Ya con la llegada del PSOE a la Alcaldía, en el Pleno de octubre de 2015 el actual equipo de Gobierno presentó un informe del oficial mayor del Consistorio, que concluyó que el edificio es “un bien de propiedad municipal por título de compraventa al Estado (previamente fue propiedad del Puerto), afecto al uso público al ser un Sistema General de Espacio Libres y, por tanto, con la calificación jurídica de dominio público afecto al uso público”. Así, goza del “principio de inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad”.

Por unanimidad, los grupos políticos acordaron entonces emprender las acciones judiciales necesarias para demandar la nulidad o cancelación de la inscripción registral, “en defensa del patrimonio y del dominio público municipal”.

Ahora, al haber prosperado las negociaciones del equipo de Gobierno con los ocupantes, se regulariza la situación del kiosco después de muchos años, mediante un “expediente de recuperación que se lleva a cabo de oficio, para evitar el pleito”.

De este modo, para evitar el proceso judicial, se lleva a cabo una propuesta de transacción que implica que los actuales ocupantes autorizan al Ayuntamiento para que proceda a efectuar la inscripción del dominio reconocido en su favor tanto en el Inventario municipal de Bienes y Derechos como en el Registro de la Propiedad.

Asimismo, los ocupantes manifiestan su conformidad a que el Ayuntamiento de Huelva proceda a la resolución del procedimiento administrativo de recuperación de oficio del inmueble.

Por otro lado, el Ayuntamiento les reconoce el derecho al uso y aprovechamiento del inmueble que se formalizará, mediante concesión por el procedimiento de adjudicación directa, en documento administrativo. La concesión se otorga con carácter oneroso, siendo el canon anual a pagar por el concesionario 3.201 euros.

El edificio, en cualquier caso, debe someterse a una necesaria reforma, al haber transcurrido varios años desde el diseño original y dada la ubicación del mismo dentro de “un espacio libre muy frecuentado por la población, especialmente familias con niños en edad infantil, debiendo adecuarse a las nuevas necesidades del entorno”.

El edificio, diseñado por Pérez Carasa y que cuenta con protección integral, será reformado

Así, según precisan desde el equipo de Gobierno, el concesionario deberá aportar (en el plazo de un mes a contar desde su formalización) un proyecto básico que tenga en cuenta la catalogación del inmueble y recoja la definición del mobiliario a incluir, tanto interior como exterior; el tratamiento de fachada e interiores, los colores a emplear, así como la adaptación necesaria a la normativa y a la legislación que resulte de aplicación para el adecuado destino del inmueble al fin que constituye el objeto de la concesión.

Dicho proyecto, una vez presentado en el plazo reseñado, deberá ser objeto de aprobación por el área de Urbanismo y Patrimonio municipal, que podrá requerir cualquier cambio o cualquier subsanación en el mismo a fin de alcanzar la adecuada reforma y adecuación del inmueble.

Una vez aprobado el proyecto, el concesionario estará obligado a iniciar las obras en el plazo máximo de tres meses a contar desde la misma aprobación.