El Consistorio y la Junta, a favor de cambios normativos para proteger el patrimonio

En la mesa redonda que ayer organizó en la Fundación Caja Rural del Sur la asociación Iniciativa Huelva sobre el Patrimonio de Hueva no se trataba de sacar pecho en cuanto a lo que cada interviniente, desde sus responsabilidades o competencias, hace o hizo por la defensa, en concreto, del patrimonio arqueológico. Se trataba más bien de reflexionar sobre cómo evitar que ocurran sucesos como el reciente expolio del yacimiento del Seminario.

Este atentado contra el patrimonio, provocado por la retirada ilegal de tierra en el citado depósito para ser utilizada en las obras de la nueva estación de trenes, ha sentado un precedente, al lograr movilizar a la sociedad onubense, que desde que tuvo conocimiento de lo ocurrido, exige respuestas.

El profesor de Prehistoria de la Universidad de Huelva, Juan Carlos Vera; la concejal de Vivienda, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Esther Cumbrera; la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Carmen Solana; y Enrique Anarte, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Huelva, intercambiaron sus puntos de vista -en esta mesa moderada por Javier Chaparro, director de Huelva Información- sobre el caso que el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva investiga, a efectos de comprobar si ha habido un delito de daños en yacimiento arqueológico previsto y penado en el Código Penal.

Según señaló Vera, hay un problema de fondo y en estos momentos, con el inicio de la legislatura en Andalucía, también hay una oportunidad idónea para abordarlo: "Son necesarios cambios normativos y que esas las normativas asimilen todos los datos que se van sistematizando de las intervenciones para prevenir y proteger el patrimonio".

A su juicio, en el actual modelo andaluz de arqueología, es oportuno cambiar el concepto de gestión de las intervenciones que realizan los agentes privados, fruto del boom inmobiliario de los 90. Según sostuvo, y así lo defienden los expertos y ha sido publicado en una revista de la propia Consejería de Cultura, hasta ahora la finalidad ha sido la liberación de solares para el mercado inmobiliario y de franjas de territorio para la realización de infraestructuras. Con ello, la Administración de Cultura ha asumido objetivos que son de otras consejerías, con escasas compensaciones para la Consejería de Cultura. "Lo prioritario debe ser la defensa del patrimonio y puesta al servicio de la sociedad", aseguró.

Cumbreras, -tras indicar que si el Ayuntamiento hubiera tenido conocimiento, a través de alguna denuncia, de las actuaciones irregulares acometidas en el Seminario, habría actuado "como lo hizo Cultura cuando se puso en conocimiento por parte del Seprona"- reconoció que hacen falta más medios, pero también aseguró que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) va a proceder a una revisión que será "absolutamente sensible al patrimonio arqueológico e inmueble" de Huelva. También aseguró que es necesario acometer determinadas medidas o cambiar la legislación, aunque precisó que hay que partir de la base de que la ley establece que el mantenimiento, la custodia y la protección de los bienes corresponde a los propietarios y "esa es la legislación que nos rige". "Que queremos modificarla, adelante, pero se está actuando de conformidad con la ley vigente", afirmó.

Solana valoró que tanto el Ayuntamiento como la Junta abordarán la difusión y la puesta en valor del patrimonio, "haciendo todo lo que sea necesario y coordinándose con el PGOU". Aunque aseguró no tener competencias para cambiar la normativa, opinó que si este extremo "ayuda a que se agilice todo más y a que todo esté más protegido", bienvenido sea. Desde luego insistió en que la Delegación de Cultura ha hecho "todo lo que teníamos que hacer desde el primer momento" en el caso del expolio del Seminario.

Anarte, tras abundar en el papel del derecho penal en la destrucción del patrimonio y poner sobre la mesa las responsabilidades que podrían recaer a falta de que haya hechos probados, valoró que, en general, "sí se pueden hacer cosas y no sería tan difícil" para proteger el patrimonio la ciudad. "Me parece que cuando haces una legislación para proteger determinados bienes, como en este caso el patrimonio, tienes que instrumentar mecanismos para hacer posible que esa legislación se aplique. Para los delitos de homicidios o lesiones hay todo un instrumentario. Pero eso falta aquí. Me llama la atención, por otra parte, que una obra de una terraza genera una actuación urbanística y que una cosa de estas no. Hay un desequilibrio que se puede arreglar", apuntó.