La Unión Europea determina que la temporalidad en los empleados públicos de la Administración no debe exceder el 8% del personal. Un problema enquistado en España con un gran colectivo afectado por el encadenamiento de contratos a lo largo de décadas, que en el caso de Huelva se cuentan por cientos. Un mar de fondo en el que ya nadaron el ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y posteriormente los ministros socialistas Miquel Iceta y María Jesús Montero.

El pasado 28 de diciembre entró en vigor la Ley de reducción de la temporalidad laboral que además de lo que su propio nombre indica, supone penalizaciones para la Administración en caso de que no lo cumpla. Esto se traduce en dar indemnizaciones al trabajador interino que pierda su empleo.

La realidad es que la nueva norma no parece haber resuelto el problema y por eso este martes los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, ISA y Ustea han participado en una concentraciones simultáneas en las capitales andaluzas, en el caso de Huelva ante la Delegación del Gobierno de la Junta. Las centrales denuncian que la Administración autonómica convocó plazas apenas cuatro días antes de la aprobación de la citada ley y "esto provoca que el personal se enfrente en peores condiciones a los procesos de estabilización y, en muchos casos, pueda perder la indemnización".

Según los sindicatos, este colectivo que no tiene empleo fijo sufre un "cese indiscriminado" y queda fuera de procesos reales de estabilización. Además, las organizaciones explican también que en los puestos con más de una persona temporal o interina, la Junta ha cesado "al personal laboral temporal y al personal funcionario interino con más antigüedad". Del mismo modo, acusa a la Administración autonómica de tratar de no "convocar nuevamente dichas plazas en una nueva oferta de empleo público antes del 1 de junio de 2022".

José Carlos Reyes preside la Asociación de Personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial de la Junta de Andalucía. "Un oxímoron", dice este onubense que preside este colectivo a nivel andaluz integrado en la Coordinadora Andaluza de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad. En Huelva hay de setenta a ochenta personas afectadas que en su día se plantaron en los tribunales para denunciar el abuso de la temporalidad y reclamar la fijeza. Muchos de ellos fueron despedidos por reclamar sus derechos, despidos que posteriormente se declararon nulos.

La Justicia determinó que debían volver a ocupar las mismas plazas en las mismas condiciones hasta su amortización en sentencias que establecen, explica Reyes, que "somos laborales, no nos reincorporan como funcionarios".

Es una muestra dentro del grupo de más de 3.000 empleados públicos en la comunidad autónoma, según cifran los sindicatos, formado por interinos o laborales temporales de larga duración, "muchos de ellos con más de 20 años de trabajo en la Junta de Andalucía". Así lo han manifestado CSIF, CCOO, UGT, ISA y Ustea, dispuestos a utilizar "todos los recursos de movilización, negociación y legales que tenemos en nuestras manos para defender" al colectivo afectado.