Viaje al crematorio de la memoria. Las casas de La Joya se van con el tiempo dentro, último anclaje de la Huelva que fue en el regazo del barrio de San Sebastián. En las faldas del cabezo, el frente de fachadas ha subsistido fuera de ordenación tras el boom inmobiliario, quedando como un fósil de la arquitectura popular, la marca blanca del pasado que por falta de firma y singularidad ha sido literalmente descatalogada por el Ayuntamiento, donde insisten en que "estos edificios no tienen ningún valor arquitectónico". El derribo ha comenzado por las viviendas que están más próximas al centro de salud, los inmuebles que no están ocupados.

Con sus arcos rebajados y el tipismo de los altillos (un añadido posterior para salvar el desnivel cuando se hizo la carretera), esta quincena de viviendas ha subsistido como la única huella existente de la primitiva entrada a la ciudad, enfilando el camino de Trigueros y La Ribera, junto a la desaparecida ermita de San Sebastián. Nada queda ya del patrimonio civil y residencial de esa época, sucumbiendo a la piqueta vestigios semejantes en Las Colonias, Marchena Colombo, El Matadero y la Isla Chica. Ahora llegan las máquinas demoledoras a la avenida Adoratrices y Fray Juan Pérez. Se acabó la tregua de la crisis. El alegato municipal: peligro de derrumbe.

El veredicto llegó hace ocho meses, cuando la Concejalía de Desarrollo Urbano hizo pública la orden de derribo de los cinco primeros inmuebles de La Joya. Un requerimiento que ahora se materializa tras una cadena de trámites administrativos. Sin embargo, ayer permanecían ocupantes en al menos una de las viviendas condenadas a desaparecer. Una cuestión que, según el Consistorio, compete a la empresa constructora titular de la licencia de derribo.

El asunto lleva coleando desde febrero. Con la colaboración de la Policía Local y de la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Municipales, Urbanismo puso en marcha un plan de inspección de los solares del promontorio para salvaguardar la seguridad pública, evitando los riesgos que pudieran derivarse de la ocupación, uso o tránsito de las edificaciones con riesgo de derrumbe. Se abrieron expedientes de ruina inminente en los números 23, 25, 27 y 27B de la avenida de las Adoratrices y en los 10-12 de la calle Fray Juan Pérez, lo que supuso la notificación a los propietarios de la correspondiente orden de ejecución para acometer la demolición, así como la limpieza total del solar y el vallado del mismo con material de fábrica y una altura mínima de 2,50 metros.

A juicio de los técnicos municipales, el mal estado de las edificaciones, motivado por el abandono de las mismas, resultaba "peligroso", apreciándose incluso derrumbes parciales de la cubierta, muros y vigas en pésimo estado de conservación que comprometen la estabilidad del conjunto y gran acumulación de basuras y escombros en el interior.

Sin que el equipo de gobierno del PP virara su postura, el grupo municipal de la Mesa de la Ría -ocupando el escaño el fallecido arquitecto José Pablo Vázquez Hierro- abrió después el debate en el Pleno del Ayuntamiento para evitar la desaparición de estas edificaciones, "que conforman una trama urbana de interés y son el único vestigio que queda del antiguo barrio de San Sebastián. Esas casas -esgrimió el concejal- tienen suficiente valor como arquitectura civil y residencial. Estamos a tiempo de corregir este plan y salvar este patrimonio. Cualquier ciudad le sacaría partido a esas casas". El ex decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva registró una moción para que se revisara el planeamiento urbanístico, de modo que se conserven estos inmuebles y -una vez buscadas las alternativas para "resolver el problema de los okupas"-, se rehabiliten promoviendo acuerdos con la propietaria de estas edificaciones adscritas a la Unidad de Ejecución Número 1 La Joya del PGOU, que aglutina a Epsa, al propio Ayuntamiento (con una cuota del 10%) y a dos promotoras privadas. La moción fue rechazada en términos categóricos por los mandatarios del PP, alegando el teniente de alcalde de Desarrollo Urbano, Francisco Moro, que esas casas "no tienen una belleza arquitectónica especial ni merecen una protección más allá de recordar que eso es Huelva".

Carpetazo al asunto, pues, aunque desde ese debate se visualizaron movimientos hasta el día de ayer, cuando la Mesa de la Ría, defendiendo la iniciativa del que fuera su líder, volvió a insistir en la necesidad de salvar esas señas de identidad de la ciudad. "Hay que evitar que derriben las que quedan en pie, ya que son las de más valor en la trama urbana", recalcaron en declaraciones a este periódico.

Sin embargo, todo parece encarrilado después de las gestiones de las que ayer dieron cuenta desde el Consistorio, informando de que el pasado mes de agosto se concedió licencia de derribo para los edificios ubicados en Fray Juan Pérez números 4-12 y 14 y en la avenida Adoratrices desde el número 5 al 25. Permiso, pues, para demoler casi 15 casas, todos a instancias de una misma entidad, una empresa constructora propietaria de la mayoría de los terrenos incluidos en esta Unidad de Ejecución.

Argumentan desde el Ayuntamiento que, "en base al Plan General de Desarrollo Urbano (PGOU), no existe inconveniente urbanístico para autorizar la demolición de las mismas".

No obstante, la licencia de los derribos que se están ejecutando está sujeta a una serie de condicionantes, como apuntan desde Urbanismo. En relación a la Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales por la que se incoa expediente para la inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de la Zona Arqueológica de Huelva, se ha comunicado que el solar resultante del derribo se encuentra incluido en la Zona Arqueológica, por lo que el proyecto de obra nueva deberá ser aprobado previamente por la Sección de Arqueología de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, debiendo presentarse para ello un proyecto básico de la nueva edificación. A priori, El documento tramitado por el Consistorio ordena el espacio comprendido entre las calles San Sebastián, Fray Juan Pérez, Fray Junípero Serra y la avenida Adoratrices, contemplando un cinturón de 288 viviendas (entre adosados y plurifamiliares, con reserva de VPO) en torno al parque arqueológico que quedaría conservando la cima del cabezo, donde se hallaron restos de la necrópolis orientalizante de La Joya.

Siguiendo con los requerimientos de la licencia de derribo, agregan desde el Consistorio que el promotor deberá colocar vallas en todo el frente que haya de demolerse, teniendo que poner todos los medios posibles para evitar la producción de polvo, como disponer de sistema de agua a presión.

Terminado el derribo y efectuada la limpieza del solar, el promotor procederá a la construcción del vallado de protección en la alineación oficial, conforme al tratamiento de los taludes resultantes. Así como se obliga al tratamiento de medianeras en caso de no existir en el momento de la demolición licencia de obras concedida para el proyecto de edificación previsto en el solar vaciado.

Antes del comienzo del derribo, el propietario tendrá obligación de comunicarlo, de forma fehaciente, a los colindantes de las fincas, si debe adoptarse alguna precaución especial.

"El vertido de escombros y residuos inertes procedente de la obra se realizará en vertedero autorizado", añaden desde el Ayuntamiento. Asimismo, se establece fianza como garantía de reparación de los daños que se produzcan en el espacio público en el transcurso de las obras.