El Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía (Coamba) considera que no se está respetando el principio de precaución en la decisión final sobre la gestión de las balsas de fosfoyesos. Los expertos ya señalaron el pasado mes que "no existe una opinión científica consensuada" sobre la mejor solución para la restauración y recuperación de la superficie de 1.000 hectáreas donde se ubican los fosfoyesos en las marismas del Pinar, del Rincón y de Medaña.

El Coemba apuntó que, según el informe presentado por Tragsatec en enero de 2011, "faltan informes geotécnicos específicos para poder concluir si la solución final adoptada es la adecuada para todas las zonas afectadas por el depósito", al tiempo que destacó que el informe de la comisión de expertos concluye que el plan de recuperación es "incompleto" y "recomienda una revaluación". Según Coemba, Egmasa, por su parte, concluye que el traslado a vertedero de las balsas "supondría la generación de numerosos impactos negativos, críticos y severos". Lo ambientólogos, además, recuerdan que a estos informes hay que sumar el último del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que "alerta de posibles riesgos geotectónicos y sísmicos que podría tener la solución finalmente adoptada".

Para Coamba, esta catarata de informes y resultados se contradicen entre sí, no son "de recibo y generan alarma social y ambiental". Según sostiene el colegio, debe primar el principio de precaución que exige la adopción de medidas de protección, antes de que se produzca realmente el deterioro del medio ambiente, "operando ante la amenaza a la salud o al medio ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos". En definitiva, indicó que si no se permite concluir con certeza sobre un cierto nivel de riesgo, entonces las medidas de gestión del riesgo que se tomen se harán "sobre la base de una apreciación política y esto no es admisible desde el punto de vista de colegio profesional".

A juicio del colegio, un depósito de estas características requiere de un estudio pormenorizado y un debate sosegado, en los ámbitos científico y social de la ciudad de Huelva, para poder llegar a una posición común, que si bien puede no satisfacer a todas las partes, sí por lo menos asegurar unas conclusiones contrastadas que propongan una única solución que minimice los potenciales impactos ambientales. "Entendemos que si se ha esperado desde 1998 para dar una solución definitiva se puede esperar un poco más y hacer un esfuerzo adicional para llegar a unas conclusiones conjuntas y definitivas de la comisión de expertos que aglutinen los resultados de todos los estudios e informes realizados", señaló.