La centralización de los juzgados en el Ensanche de la ciudad de Huelva enfila el desbloqueo tras cinco años de pugnas políticas, que han empantanado un proyecto prioritario para los operadores jurídicos. El nuevo consejero del ramo, Luis Pizarro, ha puesto esta semana los focos en la Ciudad de la Justicia de la capital onubense, confiando en impulsar la actuación en esta misma legislatura, apenas con dos años de margen. El dirigente socialista se comprometió a hacer "un seguimiento personal" del tema para que el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Huelva "cumpla lo pactado y ceda los terrenos", si bien desde el Consistorio confirmaron ayer a este periódico que en estos momentos la Gerencia Municipal de Urbanismo ha hecho todo lo posible para despejar el camino, entregando toda la documentación adicional requerida por la Junta de Andalucía, "con lo que sólo estamos a la espera de que se firme ese convenio, no queda ningún trámite más", señaló el primer teniente de alcalde, Francisco Moro.

El balón vuelve, pues, al tejado de la Administración andaluza, con el contador en marcha a dos años vista de las elecciones autonómicas.

En apoyo a sus afirmaciones, el Ayuntamiento se remite a un certificado -reproducido en esta página- que da cuenta de la aportación de documentos para la cesión de terrenos con destino al proyecto de la Ciudad de la Justicia. Según la notificación remitida en abril a la Consejería de Justicia, el Pleno de septiembre de 2009 dio luz verde al convenio de cesión de una parcela dotacional social del sector del Ensanche Sur, con 12.974 metros cuadrados de superficie, destinada a la construcción de las infraestructuras judiciales. Seguidamente, para tramitar el expediente de mutación demanial subjetiva (que es la fórmula jurídica que sirve a esta transmisión de patrimonio), se envió a la Consejería hace un mes y medio toda la documentación que fue requerida, a la que se condicionó la firma del convenio: la notificación del acuerdo plenario del 30 de septiembre y el convenio de formalización de la cesión; la nota simple del Registro de la Propiedad, relativo a la parcela en cuestión; el informe urbanístico y plano de acotamiento y la certificación del inventario municipal.

Por tanto, el Gobierno andaluz dispone ya del documento a suscribir. Una vez que se valide el convenio interadministrativo, podrá inscribirse la cesión del dominio en el Registro de la Propiedad a nombre de su nuevo titular.

No obstante, los precedentes demuestran que no es necesario que un suelo esté registrado a nombre de una Administración para que ésta agilice la edificación en pro del interés general, mientras se culminan estos farragosos trámites. Sucedió así con el Estadio Iberoamericano de Atletismo, construido por la Diputación Provincial, y asimismo con el hospital Juan Ramón Jiménez, en el que esta regularización se ha emprendido con 17 años de retraso sin ruido político de ningún tipo.

Desde que arrancaran las negociaciones para impulsar la Ciudad de la Justicia en 2005, el proyecto ha sido un arma arrojadiza entre los partidos -un alto precio para los operadores jurídicos y usuarios-, en primera instancia porque la parcela a ceder se inscribía en un plan "bajo sospecha", -decían los socialistas- enquistado en los tribunales por la misma Administración que estaba reclamando los terrenos. Excusas para unos, medidas de presión para otros, y ahora, nuevamente, el cronómetro electoral.