Chicos 3, un litigio de once años

La modificación de la ordenanza que promueve el Consistorio para otorgar seguridad jurídica a las guarderías que ocupan espacio público -un cambio normativo propiciado por la problemática de Chicos 3, en la calle Villa de Madrid de Pescadería- es "una vuelta de tuerca más" a un problema que comenzó hace once años y supone "volver a jugar con las leyes". Así lo cree Enrique Figueroa Yáñez, propietario de Kimafido SL, que explota otros dos centros infantiles (Micos I My First School y Micos 2) en el mismo barrio.

Figueroa Yáñez, hijo del ya ex portavoz municipal de C's (Enrique Figueroa Castro), ha permanecido en silencio desde que un grupo de padres de Chicos 3 iniciase una recogida de firmas para que la Junta no cierre el próximo curso el centro, perteneciente a la entidad Centros Infantiles Chicos S.L. Ocurrió en febrero de 2017 y desde entonces asegura sufrir una "campaña de desprestigio hacia nuestros centros" y su padre ha sido "utilizado políticamente" a pesar de que entró en política hace dos años. Pero, según asegura, "llega un momento en el que no puedes estar callado: cuando atacan tu honorabilidad y profesionalidad tanto personal como de todas las trabajadoras de nuestro centro".

La historia comienza en 2006, después de que Kimafido S.L. montase en 2003 en Pescadería el centro infantil Micos I, uno de los primeros negocios de la zona. Cuando tres años después de esta apertura Figueroa supo que se iba a abrir otra guardería (a cargo de Centros Infantiles Chicos) se extrañó - así lo asegura- al ser conocedor de primera mano de la complejidad que conlleva encontrar un local acorde a la normativa, debido a "los requisitos que te piden" y a que tiene que tener un patio al aire libre.

Por estos condicionantes, normalmente las guarderías "no se montan donde quieres, sino donde encuentras un sitio que respete la normativa" y es precisamente por eso, según comenta, que Kimafido ubicó Micos I en Manuel Llanes Muñoz, que no es, en sus palabras, una de las vías más visuales.

Chicos 3 solicitó a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) el uso de 161,61 metros cuadrados de vía pública para uso como patio tras la negativa de los vecinos a usar el patio comunitario del edificio y el Consistorio aprobó su petición. Así, el consejo de gestión de la GMU celebrado el 8 de noviembre de 2006 acordó conceder la "licencia de uso común especial de dominio público para ocupar, en precario y con carácter temporal (horario escolar) la zona de espacio público de 161,61 metros cuadrados colindante con el local números 3,4,5,6,7,8 y 9 de la planta baja del portal 3 del bloque A (parcela PM11 del PERI de Pescadería), del que es titular, debiendo llevarse a cabo la delimitación física mediante elementos transparentes y que permitan la permeabilidad visual". La concesión salió adelante a pesar de que en el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se constata que el consejo hizo acopio de una ristra de informes desfavorables.

El primero de ellos, con fecha 12 de julio de 2006, está firmado por el técnico de Patrimonio, que desestima la solicitud. El técnico dice que la zona está calificada en el PERI de Pescadería como viario peatonal de dominio y uso público, por lo que "conlleva y supone una restricción incompatible con el destino que tiene asignado el terreno". Más aún, según valora, cuando el edificio dispone de un patio de manzana semiabierto al viario público, "susceptible del mismo uso con la sola aprobación de la comunidad de vecinos".

En el consejo de gestión de la GMU también se pone sobre la mesa un informe que el 5 de julio de 2006 emite la arquitecto de la gerencia, que dice que "no alcanza a comprender la necesidad de esta ocupación de vía pública" en este caso, al argumentar también que el edificio dispone de ese patio de manzana semiabierto al mismo viario principal. No obstante, indica que se propone el uso de esparcimiento y recreo de niños muy pequeños, restringido a horario escolar y que fuera del horario establecido (1 hora diaria) será compatible con el tránsito de los vecinos y otros usuarios.

También se aporta un escrito que el 5 de septiembre presenta Figueroa Yáñez, en el que pide la denegación de la solicitud de suelo público al suponer "un uso incompatible con el viario público" y un "agravio comparativo" respecto a otras guarderías que se han visto obligadas a realizar "importantes desembolsos económicos para obtener los derechos de apertura, "como es el caso de Micos, que ha tenido que llegar a acuerdos con la comunidad de propietarios".

Además, el consejo de gestión también aporta el escrito que el 27 de octubre de 2006 presenta la presidenta de la comunidad de propietarios de Villa de Madrid 11, que manifiesta disconformidad con la construcción de un patio de recreo en las zonas comunes, dado que el acceso a los portales está en el interior de las mismas. Pero la concesión es un hecho y Kimafido presentó alegaciones en la GMU sin recibir respuesta alguna, por lo que interpuso un recurso en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 contra el acuerdo del Consejo de Gestión de la GMU del 8 de noviembre de 2006 por la que se concedió esta licencia. En su fallo, el juzgado anula la concesión "por su no conformidad con el ordenamiento jurídico".

"En ningún momento denunciamos al centro, sino que denunciamos a la GMU por la concesión que realiza. Es muy lícito que cada uno monte su negocio, pero todos debemos cumplir las mismas normas y esta sociedad tiene tres centros en Huelva que usan la calle como patio de juegos. No puede ser que se hagan normas a medida y contra la ley", reflexiona Figueroa.

Tras el dictamen judicial, el Ayuntamiento anuló la concesión pero otorgó otra nueva y se construyó un nuevo patio. En lugar de tener 161 metros, el nuevo tendrá 100 metros, será cerrado completamente y permitirá el paso. La licencia para ello se otorgó el 18 de mayo de 2011. Pero antes de esto ocurriera, Chicos presentó un recurso de apelación contra la sentencia del 30 de junio del 2008 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1, cuyo dictamen se confirmó de nuevo el 11 de febrero de 2010. Tras la sentencia, Figueroa comunicó a la GMU que no tenía sentido la nueva concesión. "Nos dijeron que era un expediente nuevo y que denunciásemos si queríamos", afirma.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 volvió a darle la razón a Kimafido, toda vez que desestimó un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Centros Infantiles Chicos SL, de modo que se dejó sin efecto el acuerdo del 18 de mayo de 2011 por el que se le otorgaba una concesión administrativa para el uso privativo de la porción de dominio publico de 100 metros cuadrados.

Entonces Chicos recurrió al TSJA, que el 18 de diciembre de 2015 resolvió que no había lugar al recurso de apelación interpuesto por esta entidad contra la sentencia de fecha 30 de enero de 2015 que dictó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1. La sentencia es rotunda al explicar que tras derribarse el anterior vallado se construyó uno nuevo menor solicitando una concesión de uso privativo del viario público, lo que es una "operación a todas luces fraudulenta con arreglo al artículo 6.4 del Código Civil".

El Alto tribunal dice que se "pretendía de facto volver a impedir el tránsito de peatones por la parte ocupada del acerado, lo que no se ajusta a derecho". Además, considera que "la extinta GMU coadyuvó a burlar la decisión judicial al dictar un acuerdo con apariencia de legalidad pero ilícito porque ni se daban las circunstancias excepcionales marcadas por ley".

También señala el TSJA que la Gerencia no explicó su motivación, que ni siquiera era factible compatibilizar el uso privativo y público del acerado al vallarse los cien metros, y que se prescindió del procedimiento al no haberse presentado proyecto, memoria, plano de situación, ni pliegos de condiciones de concesión. Tampoco hubo, según el tribunal, aprobación del proyecto y cláusulas administrativas particulares, ni los preceptivos trámites de información y licitación públicas.

Tras la sentencia, el Consistorio canceló la concesión y el verano pasado se tiró patio y se construyó el actual, esta vez interior, dentro de las instalaciones del propio centro. Entonces la Delegación de Educación de la Junta comunicó a Chicos que este espacio no cumple con la normativa de que el 70% de la superficie esté al aire libre. Fue el 1 de febrero de 2017 cuando la Junta publicó en el BOJA la extinción de la autorización administrativa del centro para el próximo curso, lo que motivó la recogida de firmas, la presentación de mociones al Pleno del PP y de Mesa de la Ría, la protesta de los padres de los niños de Chicos 3 y la futura modificación de la ordenanza.

Para Figueroa, el responsable de estas concesiones "a dedo e irregulares" es Francisco Moro, edil del PP y hasta hace dos años responsable de Urbanismo. "Pero parece que los malos somos mi padre, que se ha encontrado con este tema politizado y, nosotros, que somos los únicos que hemos cumplido la legalidad en todo momento. Parece que lo que queremos es destruir a otra guardería porque nos hace la competencia, cuando lo que siempre hemos pedido es que se cumpla la legalidad. Porque no se pueden hacer leyes a medida no para corregir las vergüenzas a ningún empresario en esta ciudad", asegura.