Casto Pino es el hombre del momento, a su pesar. Protagoniza titulares de los medios de comunicación desde hace días, tras su detención como principal imputado en el desfalco detectado en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva. Más allá de la fiebre informativa del momento, su presencia mediática ha sido una constante desde que en 2008 fuera detenido por el escándalo corrupto del Ayuntamiento de Aljaraque. Debe ser una pesadilla para un hombre que en los últimos años ha optado por la discreción del segundo plano, que prefiere vivir en la sombra que encandilado por los focos de antaño.

Pino nació en diciembre de 1955 en Aljaraque, pueblo al que se ha mantenido ligado durante sus 58 años de existencia. Estudió y se convirtió en ingeniero técnico industrial. Se casó en primeras nupcias con D.M.O., con la que tuvo dos hijos: un niño y una niña. Se separaron en el año 2000 y la mujer falleció en 2003. De ella obtuvo el usufructo vitalicio por herencia de una vivienda en Punta Umbría, otra en Aljaraque y un local comercial en Bellavista.

Se enamoró de una empleada del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, la administrativa A.S.N., imputada también por el pufo y con la que se casó en septiembre de 2004. Tres años más tarde establecieron el régimen de separación de bienes. Ambos viven en un chalé de grandes dimensiones, una vivienda de ensueño situada en pleno corazón de la exclusiva urbanización aljaraqueña La Dehesa Golf.

Casto ostentaba desde hace una veintena de años la Secretaría del Colegio onubense de Peritos Industriales. Trabajó codo con codo con el que fuera hasta el año pasado uno de sus mejores amigos, el decano de la corporación profesional, José Antonio Melo.

Con él fundó en 1994 la Empresa de Gestión y Control de Ensayos SL, dedicada a la realización de "análisis, mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios e informes relacionados con la técnica propia de las actividades técnicas comerciales y de la construcción", se señala en distintas páginas web especializadas en sociedades españolas. Melo y Pino constaban en ella como administradores solidarios. El último balance presentado en el Registro Mercantil es de 2007. En junio de 2009 la empresa quedó extinguida por disolución voluntaria.

Su carácter emprendedor le llevó también a constituir la empresa Transportes Colombinos SL, dedicada al transporte de mercancías por carretera y a ofrecer servicios de mudanzas. En ella consta como administrador único y la Fiscalía ha detectado que en 2005 ingresó en la compañía 173.750 euros en efectivo "usando enormes cantidades de 500 y 200 euros" entre el 4 de marzo y el 26 de abril: 32.500 euros en 65 billetes de 500, 7.500 euros en cinco billetes de 500, 43.450 euros en 87 billetes de 500, uno de 200 y uno de 50; u otros 9.500 euros en 18 billetes de 500 euros y otros 10 de 50.

En paralelo a su amistad con Melo, Casto Pino se convirtió en la mano derecha del alcalde de Aljaraque, Juan Manuel Orta (PP, 1995-2007), quien le colocó al frente de la Delegación de Urbanismo. Juntos impulsaron el crecimiento de Aljaraque y de sus núcleos poblacionales adyacentes: La Dehesa, Corrales y Bellavista. La última legislatura (2003-2007) centra el llamado caso Aljaraque, que está a la espera de los informes de las defensas y de la fijación de la fecha de juicio. En este procedimiento están imputados ambos y el socio de Orta, A.G.V. La Fiscalía les atribuye delitos de cohecho, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Concretamente, el fiscal del caso refiere en su escrito acusador que ostentó el cargo de concejal de Urbanismo "coincidiendo con una intensa e irreversible urbanización del término municipal de Aljaraque". Todo estalló cuando el empresario Rafael Barroso acudió a él para solicitarle una licencia de obras para la empresa Century 21, que pretendía construir unos apartamentos turísticos en la localidad. Le solicitó "la cantidad de 300.000 euros" por ella y Barroso decidió poner el asunto en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Ahí empezó la investigación que llevaría a la detención del trío en 2008.

Para el ex concejal, el Ministerio Fiscal pide ocho años y medio de cárcel y 1,4 millones de euros en multas. Para garantizar el pago de las sanciones, tiene "prohibición de disponer", por orden judicial, de sus bienes inmuebles. Tampoco puede hacerlo su mujer, de modo que si Pino resulta condenado pueda hacer frente al adeudo.

Entre sus propiedades consta un apartamento antiguo en la Avenida del Atlántico de Punta Umbría, registrado el pasado jueves por la Policía en el marco de la llamada operación Casto, que trata de esclarecer los desfases contables detectados en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales en los últimos diez años (cuantía que ya supera los 1,1 millones de euros) y el destino del dinero. Los investigadores sospechan que puede haberse invertido en artículos y servicios de lujo de toda índole. El interés por la caza del ex gerente de la Corporación también ha ido, presuntamente, dejando huella en los documentos requisados por la Policía Nacional: podría acreditarse la presunta participación de Pino en carísimas cacerías en Argentina o África, cargando la factura al Colegio, indicaron las fuentes consultadas por Huelva Información.

Pero si una de sus propiedades inmobiliarias llama la atención ésa es la que posee en el paraje de Valdecaballos, en Alosno. Más de 300 hectáreas de terreno rústico que adquirió, a medias con su esposa, el 15 de julio de 2003, tal y como consta en la escritura pública. Compraron el terreno por 548.112 euros, "no habiéndose justificado tampoco en este caso el origen de los fondos empleados en la compra, habiéndose efectuado los pagos mediante dos cheques y mediante billetes de 500 euros de procedencia desconocida", subraya el fiscal del caso Aljaraque. En ese ejercicio, observa incrementos patrimoniales "no justificados por un total de 410.746,9 euros" en la cuenta de su pareja, siendo Casto "el único que tenía dominio del hecho".

Las edificaciones de la finca de Alosno fueron ampliadas en lo sucesivo, asfaltando un camino de 1,9 kilómetros. Fuentes cercanas a Pino concretaron que el imponente terreno alberga, incluso, generadores de energía eólica.

Después de que dimitiera como secretario del Colegio en abril del año pasado, fuentes jurídicas consultadas por este diario indicaron que en este momento "no tiene oficio conocido ni dinero legal suficiente para moverse".

Sólo unos meses más tarde de su salida de la institución colegial, su esposa fue despedida por la directiva ante la sospecha de que pudiera estar destruyendo información relevante para el caso del pufo.

Según confirmaron a este diario fuentes judiciales, hace unos meses Casto Pino fue condenado al pago de una multa por la magistrada del Instrucción 3 de Huelva -quien ha llevado también las riendas del caso Aljaraque- por daños y vejaciones. El denunciante era, ni más ni menos, que el decano del Colegio de Peritos Industriales. El motivo, un altercado que se produjo en el lugar de trabajo de José Antonio Melo: Casto irrumpió en su despacho de la Casa Colón muy enfadado por el despido de su mujer, pidiéndole explicaciones a su ex socio, amenazándolo y llegando a romper una impresora que repuso antes de que se celebrara el juicio de faltas.

Los que lo conocen lo describen como un hombre impulsivo, con un perfil duro, altanero. Desquiciado ahora por las investigaciones judiciales que lo asedian (fue detenido el jueves, junto con su esposa, por el desfalco), es el vivo retrato del cazador cazado.