Juicio por el asesinato de Laura Luelmo

El magistrado decide que el juicio sea a puerta cerrada

  • El juez deposita en manos de un jurado popular una cuestión de derecho procesal

  • Las asociaciones de la prensa protestan por la “grave vulneración de derechos”

El juez que preside la causa,  Florentino Ruiz Yamuza, magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia.

El juez que preside la causa, Florentino Ruiz Yamuza, magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia. / Alberto Domínguez (Huelva)

En una insólita decisión el juicio contra Bernardo Montoya, acusado del secuestro, violación y asesinato de la joven Laura Luelmo, será a puerta cerrada. Así lo decidió poco después del mediodía de ayer y apenas cuarenta minutos después de que comenzara la audiencia pública, el magistrado que preside la causa Florentino Ruiz Yamuza decidió que lo que ocurra en la sala donde tienen lugar las vistas, no sea conocido por los ciudadanos a través de los medios de comunicación presentes en un juicio que contó hasta con una treintena larga de acreditaciones.

Lo insólito de la medida es, por un lado que fuera anunciada por la representación legal de la fallecida ejercida por el tío de la joven, Francisco Luelmo dentro de las cuestiones previas al inicio de las manifestaciones del acusado. Tanto la acusación particular ejercida por la Junta de Andalucía, como la Fiscalía se adherieran a la misma, así como la defensa del acusado, Miguel Rivera, tal vez el único con motivos sustanciales para respaldar la petición dadas las pruebas contra su cliente.

No terminan ahí las peculiaridades de lo ocurrido en la mañana de ayer en la Audiencia Provincial ya que la decisión sobre la no celebración de sesiones abiertas se ha producido después de una consulta al jurado. Según se determina en la ley que regula el funcionamiento del jurado popular este "se integra por nueve miembros, todos ciudadanos legos en derecho, y dos más que serán seleccionados como suplentes y que entrarán en funciones de jurado si surgiese algún imprevisto que impida a los titulares completar su función".

Entre los argumentos esgrimidos por Francisco Luelmo, se encuentran tanto el Estatuto de la Víctima como sentencias del Tribunal Supremo. En concreto, se refirió a que el primero de ellos recoge el derecho de que se preserve la intimidad y a la instrucción del Ministerio Público 3/2005 de trato de la Fiscalía con los medios de comunicación que precisa que "el derecho de la prensa a conocer lo que pasa es si el juicio es público, si no lo es no lo tendrán".

Sala donde se celebra el juicio contra Bernardo Montoya por el asesinato de Laura Luelmo. Sala donde se celebra el juicio contra Bernardo Montoya por el asesinato de Laura Luelmo.

Sala donde se celebra el juicio contra Bernardo Montoya por el asesinato de Laura Luelmo. / Alberto Domínguez (Huelva)

"¿Hay alguna razón por la que a pesar de estar en peligro el derecho de la víctima y su familia este juicio siga siendo público?", señaló el abogado que defiende sus intereses quien añadió también que "desde el punto de vista técnico no hay ninguna razón para que lo sea, ya que hay que garantizar la intimidad y el respeto de la familia". El letrado reconoció también que esta vista es mediática "a nuestro pesar, a pesar de la familia de Laura Luelmo" si bien, ha apuntado que "más mediático fue el juicio de la Manada de Pamplona y "fue a puerta cerrada porque se entendió que se podía perjudicar un derecho fundamental, en este caso de la familia y de la víctima". Lo que no señaló es que esa decisión fue adoptada por tres magistrados de la Audiencia de Navarra ante la petición del abogado dela víctima, como una cuestión previa antes de la celebración del juicio.

La Asociación de la Prensa de Huelva emitió un comunicado en el que se señalaba la “grave afrenta a los principios del papel de garante democrático de la profesión periodística por lo que se le hurta a la ciudadanía su derecho a la información” y expuso su intención de recurrir y protestar por la “vulneración de derechos” de los profesionales de la información. A la misma se sumaron la FAPE y el Colegio de Periodistas de Andalucía que alertó sobre el “peligroso precedente que merma la labor informativa que garantiza la transparencia judicial”.

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