La asociación bebés robados de Huelva, encabezada por su presidenta, Esperanza Ornedo y el letrado de la Asociación, José Luis Orta, han viajado a la la capital de España con el fin de impulsar los objetivos que durante más de una década tienen marcados en su agenda, "descubrir la verdad de lo que ocurrió con el robo de bebés en la provincia de Huelva".

Tres han sido las reuniones celebradas en Madrid; con la Fiscalía General del Estado, con representantes del Senado y con el Ministerio de Justicia. La primera reunión se ha celebrado en la sede de la Fiscalía General del Estado y en ella se han tratado varios puntos relativos al apoyo desde Madrid en las actuaciones que se deben llevar en toda España, y en concreto en Huelva, basadas en la Circular vinculante que en su momento emitió el Fiscal jefe Eduardo Torres Dulce.

Dicho apoyo se traduce entre otras medidas en "no solicitar el archivo de las actuaciones hasta en tanto no se desarrollen las investigaciones al completo, contemplar el delito como detención ilegal y determinar que la prescripción legal de 15 años no se compute desde el nacimiento del bebé robado sino desde que tuvo conocimiento del delito".

La segunda reunión tuvo lugar en el Senado, donde representantes de la Cámara Alta trataron de forma específica el impulso a la futura Ley de bebés robados, Ley que actualmente se encuentra en proceso de formación (proposición de Ley) y se están incorporando enmiendas para darle un cuerpo concreto final.

La tercera y última reunión tuvo lugar con el Ministerio de Justicia, el cual expresó su interés en dicha futura Ley manifestando la atención que prestan a su evolución y mostrando su firme creencia de que será una Ley justa y tremendamente necesaria en la que se contempla tipificar la sustracción de bebés como un delito concreto y que la prescripción se amplíe para que los afectados puedan ejercer sus derechos.

También se habló de la idea de fijar como víctimas en el más amplio concepto legal a los bebés robados, adultos actualmente, y a sus familias directas, así como la posibilidad de que los asuntos lleguen al Tribunal Supremo para que unifique la doctrina existente a través de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, en relación al tema de los adoptados, el Ministerio de Justicia se ofrece como vehículo para que puedan averiguar toda la información existente de sus historiales médicos y expedientes de adopción, así como el registro de su ADN para cotejarlo con la base de datos existente.