Huelva

El Ayuntamiento levanta el acta de ocupación directa de la parcela del Ensanche destinada al colegio público

  • El equipo de Gobierno interviene para agilizar la construcción por parte de la Junta de Andalucía de esta dotación tan demandada

Imagen de la parcela del Ensanche destinada al colegio público.

Imagen de la parcela del Ensanche destinada al colegio público. / Alberto Domínguez (Huelva)

El Ayuntamiento de Huelva ha procedido al levantamiento del acta de ocupación directa de la parcela dotacional del Ensanche destinada al colegio público promovido por la Junta de Andalucía en este sector de expansión de la capital, con el fin de desbloquear la concesión de la licencia de obras para su construcción. Este mismo procedimiento se ha aplicado a una parcela dotacional anexa reservada a uso social y a los viarios circundantes a sendas parcelas, afectando la ocupación directa a una superficie aproximada de 30.500 metros cuadrados en la primera fase urbanizada del Ensanche.

Actuando conforme al interés general, el Consistorio ha tomado la iniciativa en los términos ya anunciados, una vez que el pasado 16 de marzo la Junta de Gobierno municipal aprobó de forma definitiva el expediente de ocupación de las parcelas pertenecientes a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y a Desarrollos Onuba Aestuaria.

“A partir de aquí, el siguiente paso que daremos será la culminación del expediente para la concesión de la licencia de obras a la Junta de Andalucía para el colegio público”, ha explicado el teniente alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, Manuel Gómez Márquez. “Confiamos en que la Junta pueda construir cuanto antes esta ansiada dotación”.

Como ya esgrimió el edil en las últimas semanas, “desde el equipo de Gobierno municipal estamos empleando todas las herramientas jurídico-administrativas a nuestro alcance para ejercer el liderazgo activo del desarrollo del Ensanche, que no admite más dilaciones, al ser un sector estratégico para dotar a la ciudad de equipamientos históricamente demandados; abrir importantes oportunidades al desarrollo socioeconómico en la ciudad; y avanzar en la integración entre Huelva y su Ría, con el crecimiento urbano hacia el Sur”.

A este respecto, el edil ha recordado que “una de las necesidades más acuciantes que hay en este ámbito es la construcción del colegio, para dar respuesta desde lo público a las necesidades de escolarización del Centro y Pescadería. Un distrito en el que no hay ni un solo colegio público, siendo esta dotación altamente demandada en la zona desde hace muchos años”.

Habida cuenta de que el sector del Ensanche ha estado bloqueado por la nulidad jurídica del anterior proyecto de reparcelación -por sentencia judicial-, desde el equipo de Gobierno se ha trabajado en dos líneas paralelas “para que la construcción de este colegio sea una realidad cuanto antes y podamos conceder la licencia de obras: Por un lado -ha apuntado-, como ya anunciamos, hemos aprobado inicialmente un nuevo proyecto de reparcelación, dando cumplimiento a la sentencia judicial que anuló el anterior, al haber incorporado ahora la desafectación de los terrenos de Adif, sin que ello vulnere los derechos consolidados de los propietarios y agentes involucrados, los integrantes de la Junta de Compensación. Y lo hicimos, -ha remarcado Gómez Márquez- tomando la iniciativa ante la inacción de la Junta de Compensación que aglutina a los propietarios de los terrenos. Porque el interés general de Huelva no podía seguir sacrificándose por intereses particulares”.

Así, para agilizar la construcción del colegio público, el Consistorio se ha acogido a una figura prevista en el artículo 141 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), para proceder a la ocupación directa de dicha parcela, “cuya titularidad no puede ser más que municipal y cuyo uso no puede diferir del docente, descartándose desde un primer momento los aprovechamientos lucrativos”, ha apuntado el concejal. La citada Ley establece que, si se llega a un acuerdo con los propietarios de estos suelos -como es el caso-, la Administración puede dictaminar su ocupación directa por cuestiones de interés general.

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