Pleno municipal

El Ayuntamiento se ahorrará 18,2 millones en intereses financieros

  • El préstamo de más de 64 millones y del que quedan 58 por pagar firmado en 2014 con Caja Almendralejo por 25 años será sustituido por otro que reduce en tres puntos el tipo de interés 

El portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Gómez, y la segunda teniente de alcalde de Economía, María Villadeamigo. El portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Gómez, y la segunda teniente de alcalde de Economía, María Villadeamigo.

El portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Gómez, y la segunda teniente de alcalde de Economía, María Villadeamigo. / H.I. (Huelva)

Paso crucial para el saneamiento de las arcas públicas en la recta final del mandato. El equipo de Gobierno local ha conseguido zafarse de la “espada de Damocles” que para la cuentas municipales suponían los altos intereses que había que afrontar por el préstamo de 2014 heredado de la anterior etapa política. Un préstamo con el que el Consistorio se endeudó por importe de más de 64 millones de euros a 25 años y del que quedan por pagar, según apuntó María Villadeamigo, un total de “58 millones de euros”.

La segunda teniente de alcalde de Economía y Hacienda anunció ayer que, tras varias reuniones con entidades bancarias, el Ayuntamiento podrá sustituir aquel préstamo –firmado por los anteriores mandatarios con Caja Almendralejo y que el PSOE heredó cuando llegó a la Alcaldía en 2015– por otro con la Caja Rural, lo que posibilitará un ahorro de “18,2 millones de euros” a lo largo de la vida del crédito (hasta 2039) en intereses financieros.

Son, por lo tanto, “900.000 euros al año” de ahorro al reducirse en tres puntos el tipo de interés, que pasa a ser de Euríbor+3,95% a Euríbor+1,18%.

El Ministerio, según señaló la edil, le ha recordado al Ayuntamiento de forma constante que los tipos de interés eran muy altos –casi cuatro millones al año–, por lo que esta reducción del tipo de interés para los 246 meses de vida que le quedan al préstamo será crucial. Este cambio, no obstante, no afecta al resto de condiciones anteriores, que se mantendrán igual.

“Nuestro objetivo es que a los onubenses cada vez les cueste menos en su bolsillo la deuda que nos han dejado de etapas anteriores”, manifestó Villadeamigo, quien indicó que este trámite “de gran importancia” se elevará hoy al Pleno para “culminar el proceso de saneamiento de las cuentas del Ayuntamiento que nos marcamos como objetivo desde nuestra llegada como equipo de Gobierno”.

La operación de préstamo firmada en 2014 fue para el equipo de Gobierno periquista un balón de oxígeno, ya que le permitiría saldar su deuda comercial y reestructurar las finanzas municipales a escasos meses de las elecciones locales de mayo de 2015.

Así, fue autorizada por el Ministerio de Hacienda para financiar el remanente negativo de tesorería para gastos generales del ejercicio 2012, así como las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y registradas contablemente a 31 de diciembre de 2012.

La luz verde llegó en marzo de 2014, dentro de las actuaciones incluidas en el llamado plan de rescate de los ayuntamientos –el Real Decreto Ley de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros aprobado en 2013–, al que el Consistorio se adhirió voluntariamente.

La búsqueda de entidad financiera culminó en un acuerdo con Caja Almendralejo, un grupo cooperativo de cajas rurales que tras comprar Caixa Geral se hizo con una oficina en Huelva.

El Consistorio concertó con esta entidad el préstamo de más de 64 millones a amortizar en 25 años y con un tipo de interés de Euríbor+3,95, que se traduciría en el pago de alrededor de 45 millones de euros de intereses (en función de la fluctuación del índice).

La operación, que fue gestada desde finales de 2013, permitiría así al Ayuntamiento hacer frente a los pagos a proveedores aún pendientes que lastraban el remanente de tesorería negativo (94 millones en la liquidación de 2013), haciendo posible cumplir la Ley de Morosidad, que sitúa en 30 días el plazo máximo de pago por parte de las administraciones públicas.

Alrededor de 40 millones de euros del importe global solicitado se destinarían al abono de facturas pendientes, bien de deudas que por problemas técnicos quedaron fuera de los planes de pago a proveedores aprobados por el Gobierno, bien de acreedores que no solicitaron acogerse a estos.

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