Hoy es 25 de noviembre, fechada declarada por la ONU en 1999 como Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. La elección no fue casual. Un 25N de 1960 tres hermanas fueron asesinadas por ser mujeres y opositoras al régimen criminal de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Es en recuerdo de las hermanas Mirabal que se instituyó hace ya 22 años que la jornada esté dedicada en todo el mundo a denunciar una lacra social que no entiende de cultura, religión ni estrato social.

El Ayuntamiento de Huelva no podrá ofrecer una declaración institucional en reconocimiento a esa lucha. Todos los partidos representados en el plenario onubense respaldaron la medida con la excepción de Vox. Su rechazo fue suficiente para impedir la unanimidad necesaria. El PP pidió además un centro de información específico para la mujer y Adelante un dictamen propio que fueron integrados en una moción común aprobada por todas las fuerzas salvo esta formación política.

A pesar de esta postura contraria, el voto mayoritario de las demás formaciones permitió ratificar “el compromiso firme del Ayuntamiento de Huelva con los derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y combatir cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue de la violencia de género o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación”.

El Pleno instó, además, al Gobierno de España a la actualización y renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en las Cortes Generales para buscar el mayor consenso político y social; así como a mejorar la coordinación institucional para garantizar que los Fondos de dicho Pacto de Estado se implementen de la manera más óptima.

Otro compromiso es dotar de los recursos económicos y agentes especializados los instrumentos de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres; así como colaborar con las asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista y trabajan por la igualdad de hombres y mujeres. También se emplaza al Gobierno de España a abolir la prostitución, objetivo al que también se encaminarán las políticas públicas en materia de servicios sociales, sanidad, seguridad e igualdad en el marco de las competencias municipales.

El rechazo de Vox abrió un duro debate entre la edil Rocío Pérez de Ayala, encargada de argumentar la negativa, y el resto de grupos. La concejala de Políticas Sociales e Igualdad, María José Pulido, destacó que “garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y proteger a las víctimas no es una opción, sino una obligación democrática. Las administraciones locales debemos combatir la violencia machista con todos los medios a nuestro alcance”. Afeó además a su opositora “su sonrisa” durante el debate, lo que provocó que ésta la amenazase con emprender acciones legales. “Adelante, está todo grabado”, insistió Pulido.

“Las cifras van en aumento. Si cada año hay más mujeres muertas es que algo se hace mal”, se defendió Pérez de Ayala. “Hay que incrementar la prevención y acabar con las denuncias falsas. Nos acusan de romper el consenso progre, pero nosotros defendemos una ley de violencia intrafamiliar que no solo ponga el foco en la mujer porque se fomenta la desigualdad entre víctimas”, insistió.

“O se está con las víctimas o con los verdugos”, sostuvo Jesús Amador (no adscrito) en su réplica. Pilar Marín (PP) reclamó “más formación y educación”, así como “el refuerzo de los servicios de atención” para recordar que la lucha contra la violencia a la mujer “no es una cuestión de ideologías”.

El más duro fue el roce con la portavoz de Adelante Huelva, Mónica Rossi. Su intervención dio comienzo con la lectura de los nombres de las mujeres asesinadas durante el último año. La calificación de su intervención como “rosario de datos” hizo que Rossi llamase “estupideces dichas por una lengua de serpiente” a su compañera de pleno. Mesa de la Ría pidió que la lacra social “no sea utilizada con uso partidista”, mientras que Noelia Álvarez insistió en que la mejor respuesta es “educación, educación y educación”, posicionamiento similar al Néstor Santos (no adscrito), quien insistió en fomentar el trabajo en la base para evitar adultos maltratadores. Pero no fue el de la mujer el único debate encendido de la jornada. De nuevo la negativa de Vox a respaldar una nueva declaración institucional, en este caso por el Día de la Infancia celebrado el 20 de noviembre, provocó la oleada de reproches hacia Pérez de Ayala.

María José Pulido expuso una moción “en la que nos sumamos a Unicef, como Ciudad Amiga de la Infancia para recordar que aún tenemos retos pendientes de alcanzar en nuestras ciudades y pueblos para hacer realidad todos los acuerdos adoptados en la Convención sobre los Derechos del Niño hace más de 30 años”.

En el pleno se proyectó un vídeo de los miembros de la corporación infantil en la que los niños hacían sus peticiones y encargos a los dirigentes municipales. “¿Quién le escribe esos textos a los niños para que los lean?” lanzó la edil de Vox. “Votamos que no por dos motivos. El primero porque se mete con calzador una ideología y segundo por las referencias a la agenda 2030, una agenda que vende intereses globales y manipula a través del cambio climático. No queremos que se adoctrine a los niños”. En la oleada de reproches el más duro fue el portavoz de Ciudadanos, Guillermo García de Longoria, quien instó a los representantes de Vox a no acudir al próximo pleno infantil por mantener “una postura surrealista” y ser “un mal ejemplo” para los niños.

Con una declaración institucional que lleva por lema Ante el maltrato a las personas mayores, abre los ojos, todos los grupos políticos que conforman la corporación municipal sí que mostraron de forma unánime su compromiso firme para luchar contra el abuso y el maltrato a este colectivo, “una realidad oculta y ocultada, que va más allá del daño físico y es mucho más frecuente y cercana de lo que imaginamos”. La corporación se compromete con el colectivo con planes específicos económicamente dotados, que incluyan protocolos de prevención, detección e intervención. Como se recoge en el documento consensuado, la prioridad municipal es “lograr el buen trato hacia las personas mayores, que puedan contar con la dignidad y el respeto al que todos tenemos derecho, con el apoyo real de todos los sectores de la población”.

Así pues, se puso de manifiesto que “el maltrato a las personas mayores es una violación de los derechos humanos y está declarado por la OMS como un problema de salud por sus terribles consecuencias”. Resulta necesario “abrir los ojos y actuar ante situaciones y formas de trato económico, psicológico y afectivo-sexual consideradas como normales, pero que son maltrato. Asimismo, se quiere recordar que ante este tipo de situaciones, los ciudadanos disponen de recursos legales e institucionales a los que acudir”.