Los trabajadores del Ayuntamiento de Huelva dispondrán de un canal de denuncias interno (SIC) que garantizará el anonimato de cualquier persona que decida denunciar hechos que podrían constituir un delito. Este sistema de información permitirá que ninguna situación, desde acoso laboral a hechos relacionados con la corrupción, queden impunes por miedo a posibles represalias.

La Ley de protección del denunciante de la que deriva esta iniciativa obliga tanto a las instituciones del sector público como a las empresas de más de 49 trabajadores a contar con un sistema propio que garantice la denuncia eficaz de irregularidades y el amparo de las fuentes. La normativa, que entró en vigor el 13 de marzo, da tres meses de margen a estas entidades para diseñar un canal con plena capacidad operativa. Solo las compañías con hasta 250 empleados y los municipìos de menos de 10.000 habitantes tendrán una prórroga en este plazo hasta el próximo mes de diciembre. 

Todas las denuncias registradas en dicho sistema interno, según plantea la Ley, pasarán a formar parte del fichero de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo que además de gestionar las comunicaciones reportadas por los denunciantes e impulsar mecanismos suficientes para protegerlos, tendrá potestad sancionadora frente a aquellos que incumplan la confidencialidad o revelen las denuncias. 

Entre las cuantías que baraja la Ley para estos casos, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, recoge una horquilla de entre 1.000 y 300.000 euros en función de diferentes aspectos como la gravedad de la infracción o la persona o entidad que la cometa. Precisamente en función de la gravedad, las infracciones prescribirán en un momento u otro desde los seis meses a los tres años. 

Sistema interno y abierto a cualquier persona

El Ayuntamiento, que ya trabaja para adecuar su SIC a la nueva normativa, deberá estudiar ahora la forma más segura de garantizar estas denuncias. La Ley permite a estos sistemas ser gestionados de forma interna o externa por lo que será el propio consistorio el que decida cuál es el responsable o responsables del sistema, la política de gestión de las comunicaciones y otros aspectos como el procedimiento de gestión de las informaciones que se recogan. 

Lo que si será de obligado cumplimiento para la institución onubense es mantener un canal abierto para que pueda ser utilizado no solo por trabajadores independientemente de su cargo sino por extrabajadores y familiares. Dicho canal deberá poder recoger infracciones penales, administrativas graves, de seguridad y salud en el trabajo así como infracciones amparadas por el Derecho de la Unión Europea. También podrán presentarse cuestiones que el consistorio considere de verdadera relevancia. El Ayuntamiento deberá garantizar que, una vez en marcha, se trata de un sistema de gestión y tramitación agil tanto externa como interna. 

Tanto el Ayuntamiento como el resto de las instituciones onubenses tendrán que adecuarse este año al sistema que permitan y garanticen la seguridad y el anonimato de las personas denunciantes, en consonancia con una Ley que supone la transposición definitiva de la normativa conocida como Whistleblowing de la Unión Europea.