Huelva

La Audiencia de Huelva impone 650 millones de multa a trece narcotraficantes

  • Constituían un grupo criminal activo y bien organizado en la costa occidental

  • La confesión relaja la intensidad de las penas que deben cumplir

La operación contra el narcotráfico en la que fueron detenidos los 13 acusados.

Trece hombres condenados por narcotráfico y pertenencia a grupo criminal tendrán que pagar una multa global de 650 millones de euros si no quieren sumar más tiempo de prisión a la pena, vinculada a un alijo de 2.324 kilos intervenido por la Policía Nacional de Huelva y la Agencia Tributaria en mayo de 2017.

Así consta en la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia  onubense, a la que ha tenido acceso Huelva Información, en la que se contempla la atenuante muy cualificada de colaboración con la Administración de Justicia porque todos los acusados confesaron y aceptaron los cargos que les imputaba la Fiscalía.

Los hechos probados refieren que los 13 traficantes y otras personas no identificadas “formaban parte de un grupo criminal cuya finalidad era la introducción en la costa onubense de sustancia estupefaciente, concretamente hachís procedente de Marruecos, y su posterior introducción en el mercado ilícito, para cuya consecución el grupo estaba dotado de los medios económicos, materiales y humanos necesarios para realizar dicha actividad de forma coordinada, permanente y estable”.

La embarcación semirrígida que utilizaban los traficantes. La embarcación semirrígida que utilizaban los traficantes.

La embarcación semirrígida que utilizaban los traficantes. / H. Información (Huelva)

Desarrollaron la actividad ilícita, al menos, entre febrero y el 10 de mayo de 2017, fecha en la que la banda fue desarticulada. Utilizaron una nave del polígono industrial ubicado en el paraje La Matanza, en la carretera que va de Cartaya a Tariquejo, como “centro logístico”. Allí ocultaban todos los efectos necesarios para los alijos o la droga y era también el “lugar de reunión de los miembros del grupo para la ideación, deliberación y ejecución de sus ilícitas intenciones” o para la preparación del hachís antes de ser distribuido.

Para tener a punto la nave cartayera, los acusados la acondicionaron limpiándola, soldando chapas metálicas en todas las ventanas exteriores o recubriendo “la alambrada que rodeaba el perímetro de la finca con una lona verde, todo ello para impedir o dificultar la visión desde el exterior”.

Estas instalaciones tenían dos plantas, una de ellas “tipo sótano a la que solo se podía acceder directamente por la parte trasera, oculta a la vista de los que circulaban por la carretera”. Fueron alquiladas por uno de los miembros del grupo el 16 de enero de 2017, se precisa en la resolución.

En paralelo, tenían en su poder una embarcación semirrígida de 10 metros de eslora dotada de dos motores fuera borda de 300 CV, adquirida en Algeciras en marzo de ese año por más de 14.000 euros. Desde la localidad gaditana la trasladaron a la nave cartayera sobre la marcha, encontrándose en ese momento en el inmueble dos de los acusados y tres personas más que “no pudieron ser identificadas”.

La organización contaba también con una embarcación recreativa de seis metros de eslora y motor de 150 CV, comprada por otro de los encausados por 29.000 euros el 6 de marzo.

La droga intervenida en la nave de Cartaya a los acusados rebasó las 2,3 toneladas

Recalca la Sala que los narcos disponían además de “los remolques necesarios para transportar las mismas embarcaciones”. Se trata de uno de 12 metros y tres ejes, otro de 10 metros, y un remolque más pequeño para embarcaciones recreativas; “un remolque de vehículo tipo caja; un motor fueraborda de 300 CV; vehículos de gran capacidad de carga para el transporte del hachís vía terrestre, como un todoterreno tipo pick up previamente sustraído, una furgoneta Renault Traffic con matrícula doblada, previamente sustraída, así como dos vehículos de alquiler a nombre de terceras personas, en particular un Volkswagen Golf y un Nissan Note”.

En este punto de los hechos probados se especifica que uno de los acusados conocía el origen ilícito de estos bienes “así como de la falsedad en la matrícula, realizada bien directamente por el mismo bien por terceros, pero en todo caso aprovechada tal circunstancia por el mismo”.

Se añade que “era habitual que los acusados, tras realizar sus labores en la nave de Cartaya, se reunieran para almorzar” en una conocida cafetería de Isla Cristina, de la que eran socios el cabecilla de la banda y otro de ellos, o en el domicilio del jefe, en Islantilla.

Los acusados lograron traer a la costa de Huelva una partida de hachís a bordo de la embarcación semirrígida de la que disponían “el día 9 de mayo de 2017, alijo que se produjo en lugar desconocido pero en algún punto de la playa entre las localidades de Isla Cristina y Lepe, y de ahí fue trasladada a la nave de Cartaya en la furgoneta Renault Traffic sustraída y con matrícula doblada entre las 12:00 y las 14:45” de la misma jornada.

Entretanto, desde el Renault Megane y el Volkswagen Golf se realizaban “labores de seguridad y contravigilancia”, en las que intervinieron al menos cuatro de los inculpados, quienes tras culminar la operación se dirigieron a la casa de Islantilla del cabecilla.

En la mañana del día 10 de mayo de 2017 el operativo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Agencia Tributaria explotó “tras la convicción por los agentes responsables de la investigación de que se había producido un alijo de hachís que se encontraba en la nave”.

Parte del hachís incautado en la nave cartayera. Parte del hachís incautado en la nave cartayera.

Parte del hachís incautado en la nave cartayera. / H. Información (Cartaya)

En el interior de ella fueron arrestados siete de los condenados. Además, la fuerza actuante halló  “68 bultos entre sacos y fardos, con una sustancia compacta color marrón que debidamente analizada resultó ser hachís con un porcentaje de entre un 8,9 y un 12,9% de tetrahidrocannabinol, sustancia que arrojaba un peso total de 2.324 kilos que estaba destinada al consumo de terceras personas a través de su venta”.

Un gramo de este estupefaciente, destaca la Audiencia, está valorado en seis euros, por lo que “la sustancia incautada podría alcanzar en el mercado ilícito un valor de 14.544.280 euros”.

Es por ello que la Audiencia condena al grupo por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y cometido en condiciones de notoria importancia y extrema gravedad.

En el caso del cabecilla, se contemplan la agravante de reincidencia y la atenuante de confesión, por lo que tendrá que cumplir dos años y tres meses de prisión por narcotráfico y abonar una multa de 50 millones de euros, con dos meses más de privación de libertad en caso de impago. Y suma otros tres meses de reclusión por pertenencia a grupo criminal.

Sus otros 12 subordinados responderán con año y medio de prisión por tráfico de drogas, la multa de 50 millones y tres meses por pertenencia a grupo criminal. Excepto uno de ellos, que suma otros seis meses de cárcel por receptación y falsedad en documento oficial.

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