Los manifiestos defectos de la sede judicial de Menores de Huelva, en la barriada del Matadero, vienen siendo reiteradamente denunciados por la Fiscalía desde hace años. Ahora, en esta nueva era de la pandemia, la situación se ha agravado hasta tal punto que los expedientes de delitos leves se están viendo condenados al archivo de forma masiva e irremediable: son unos 40 por ahora y no se descarta que la cifra se duplique en la clausura del año.

El fiscal delegado de Menores en Huelva, Alberto Campomanes, explica a Huelva Información que antes de la irrupción del virus en la actividad judicial la sede ya era "bastante deficiente, porque no tenemos espacio suficiente para tomar declaraciones, incluso tenemos un fiscal que se desplaza en silla de ruedas y no puede moverse por todas estas instalaciones".

Es más, en el local que comparten el Juzgado y la Fiscalía de Menores se mezclan "en un pasillito muy pequeño" allegados de una y otra parte porque "no tenemos lugar para separar a la gente". Hay que tener en cuenta que en la jurisdicción se dan asuntos tan graves como "un homicidio que hemos tenido este año o delitos sexuales", por lo que Campomanes estima que "si aquí no ha pasado una desgracia es gracias a los agentes de la Guardia Civil, que ven los peligros venir mucho antes de que sucedan y saben cómo tienen que torear a la gente".

Si las dependencias judiciales "ya dejaban mucho que desear", desde marzo la coyuntura ha empeorado. "Durante el estado de alarma no podíamos recibir público aquí y nosotros, al hacer nuestras investigaciones, necesitamos tomar declaraciones a los testigos, a las víctimas, a los menores expedientados", señala el delegado de Menores. Los equipos técnicos deben también entrevistarse con las familias "para hacernos el informe social, psicológico y educativo, que la Ley dice que es imprescindible y, sin eso, no puede haber acusación de ninguna clase".

Una vez se levantó el confinamiento, se aplicaron las medidas protocolarias para la prevención de los contagios de Covid-19. La reducción de aforo y la necesidad de guardar las distancias llevó a la Delegación Territorial de Justicia de la Junta de Andalucía a determinar que "únicamente la sala de vistas y otra salita más que tenemos son aceptables para que recibamos al público, siempre previa cita".

Estos dos espacios deben ser compartidos por el personal del propio juzgado, por los dos equipos técnicos y por los cuatro fiscales de Menores. Y el problema es que "las citaciones se nos están alargando y alejando en el tiempo muchísimo y, según la Ley del Menor, los delitos leves solo tienen un plazo de prescripción de tres meses". La consecuencia es que por el momento ya "llevamos unos 40 expedientes declarados prescritos a lo largo del año por ese motivo, y no descarto que de cara a final de año podamos llegar a duplicar esa cantidad", lamenta Campomanes. De ser así, los asuntos caducados podrán corresponder "a aproximadamente una cuarta parte de la actividad que realizamos cada año".

En resumen, sentencia el representante del Ministerio Fiscal, "las deficiencias de la sede, sumadas a las medidas de seguridad y prevención del coronavirus, están generando impunidad en buena parte de los delitos leves que se cometen por menores en la provincia". Se trata, en esencia, de hurtos y estafas de menos de 400 euros o de "la mayor parte de las lesiones y amenazas que se cometen".

Para ocupar los espacios disponibles "nos repartimos los días, pero si hay un asunto preferente con detenidos, que suele pasar, nos obliga a suspender lo previsto y buscarle nueva fecha".

Este diario contactó ayer con la Consejería de Justicia, que "me consta que está trabajando, intentando buscar algún lugar para que tengamos alguna sala adicional", apunta el fiscal. Desde la Junta de Andalucía se indica que, en efecto, "se está trabajando para trasladar el Juzgado de Menores", si bien se subraya que "la búsqueda de un local es complicada porque tiene que tener unas condiciones determinadas por la protección del menor". Hay, recalcan desde la Junta, "dinero para el traslado y el nuevo alquiler", ya que el de la calle Echegaray vence en 2021.

Alberto Campomanes entiende la situación, pero señala que, "mientras, el reloj sigue corriendo y nosotros seguimos pidiendo al Juzgado que declare la prescripción de muchos delitos leves que se quedan impunes". Es algo que "preocupa" al Ministerio Público, porque "si un menor realmente es culpable y su medida llega pronto, seguramente estamos cortando una posible trayectoria criminal que comienza". De no ser así, "hay chicos que comienzan con esta delincuencia de baja intensidad, pero si tardamos en actuar, esto va cada vez a más y tenemos con 15 ó 16 años a chicos con un buen número de delitos ya a sus espaldas y que suponen un problema dentro de la localidad en la que vive".