Aqualia recurre en los tribunales la adjudicación de Aguas de Huelva

Era la historia de un recurso anunciado. La empresa Aqualia ha llevado a los tribunales la adjudicación de la gestión de Aguas de Huelva a Aquagest Andalucía al considerar que "han concurrido en el procedimiento licitatorio graves irregularidades". La demandante pide, en tanto formaliza la demanda en lo contencioso, una suspensión inmediata de la adjudicación por considerar que, una vez llevada a efecto (algo que se ha cumplido ya con el pago de los 57,3 millones de euros al Ayuntamiento de Huelva) será más difícil lograr una marcha atrás efectiva o calcular una indemnización en el caso de que el juez diera la razón a Aqualia.

El Ayuntamiento adjudicó el pasado 24 de noviembre a Aquagest Andalucía el contrato para la constitución de una sociedad mixta de gestión del ciclo integral del agua: a cambio del pago de esos 57,3 millones de euros, la empresa privada se hacía con el 49% de las acciones de la sociedad, la gestión de la misma durante 25 años y el derecho al 10% de los beneficios obtenidos. La concesión se hacía a la oferta más elevada presentada después de varios meses de licitación y de un concurso anterior (incluyendo también la prestación del servicio de recogida de residuos) que quedó desierto.

Aqualia presentó un recurso especial ante el Ayuntamiento de Huelva contra esa adjudicación, que fue rechazado. Y ahora interpone recurso contencioso-administrativo y pide la suspensión de la desestimación de su recurso inicial (y de la adjudicación subsiguiente) alegando que se han vulnerado los principios de igualdad, publicidad y transparencia" obligatorios en un concurso de este tipo, especialmente por la falta de publicidad del contenido íntegro de los sobres C presentado por las diferentes empresas, aquellos que recogían la propuesta económica y el estudio económico financiero de la empresa mixta.

Según relata la demandante en su escrito, la empresa requirió en varias ocasiones por escrito y verbalmente poder acceder al contenido de ese sobre, frente a lo cual se encontró con varias negativas hasta después de la adjudicación del concurso (se llegó a calificar de confidencial su contenido), permitiéndosele acceder a él sólo dos días antes de finalizar el plazo para poder interponer un recurso especial ante el Consistorio. De hecho, incluso se denegó el acceso al sobre de Aquagest a un vocal de la Mesa de Contratación, recuerda Aqualia, algo que "introduce la fundada sospecha de que haya podido ser 'negociado' después de presentado con este licitador, pues no se ha arbitrado ningún mecanismo que haya garantizado su inalterabilidad".

También refuerza esa sospecha a juicio de Aqualia el hecho de que, cuando se estaban baremando las ofertas, se anunciase una subida de tarifas del 1,8%, que el Ayuntamiento atribuyó a la necesidad de pagar unas obras de urgencia para acondicionar el pantano de Beas (que suministra a la ciudad) y la compra del agua mientras dura la actuación. Las empresas habían formulado sus propuestas con las tarifas vigentes, sin ese aumento imprevisto que "obviamente supone un incremento de ingresos considerable en los próximos 25 años, da para mucho", asegura Aqualia, que ofertó 45,3 millones de euros.

Además, la empresa considera que en ese misterioso sobre C de Aquagest se imponían al Ayuntamiento condiciones que alteraban lo previsto en el pliego "y que han sido asumidas por éste sin el menor problema, casi como si ya las hubiera pactado". Se refiere así al hecho de que Aquagest ofertase cuatro préstamos puente en lugar de uno solo, cambios en cuanto al ingreso de las reservas voluntarias (beneficios de años anteriores no distribuidos) existentes en Emahsa por parte del Ayuntamiento o la condición de garantizar "el mantenimiento del equilibrio económico del contrato".

Con estas alegaciones por delante (y su correspondiente argumentación legal basada en la doctrina existente), Aqualia reclama la suspensión del contrato al considerar que "de no suspenderse la ejecución del acto impugnado, la eventual estimación de este recurso podría hacerlo inútil", ya que Aquagest ha entregado al Consistorio más de 50 millones de euros, "una cifra que será muy difícil que pueda devolver posteriormente el Ayuntamiento" (de hecho, ya ha realizado numerosos pagos con cargo a ella). Además, se considera "evidente" el perjuicio económico, mientras que "el interés público no se vería afectado en absoluto" si Emahsa continúa funcionando como empresa pública unos meses más.