La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha dado el visto bueno a la concesión administrativa para el uso privativo del bar-cafetería del Parque de las Palomas, tras haber intervenido el equipo de Gobierno municipal para regularizar la situación anómala en la que desde 2010 se encontraba este inmueble catalogado, fruto de una situación irregular que se arrastraba del anterior mandato.

Tal y como precisa el concejal de Urbanismo y Patrimonio Municipal en funciones, Manuel Gómez Márquez, “hemos rescatado la titularidad de este inmueble tras las negociaciones llevadas a cabo con los ocupantes, con el objetivo de evitar un proceso judicial y dar así vía libre a la puesta a disposición de estas instalaciones de los Jardines del Muelle, para que puedan empezar a disfrutarse por los ciudadanos”.

Según como publicó Huelva Información el pasado 1 de abril, el Consistorio llegó a un acuerdo con los actuales ocupantes del kiosco bar. Así, el Consistorio recupera la titularidad de este edificio –inmatriculado hace nueve años por los concesionarios–, mientras que a sus ocupantes se le concede la gestión por un periodo de 15 años.

Ya en un reciente Pleno municipal, el equipo de Gobierno elevó una propuesta para poner fin al procedimiento por el que se recupera de oficio este bien de dominio público municipal mediante este acuerdo transaccional. Dicha propuesta, que salió adelante por unanimidad, evita el proceso judicial y agiliza la puesta a disposición de los ciudadanos del kiosco bar.

Situado en los Jardines del Muelle, el kiosco bar es un conocido edificio de estilo racionalista diseñado por Pérez Carasa, que está incluido en el Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés del Plan General de Ordenación Urbana de 1999 y que cuenta con protección integral no monumental.

La historia del bar es singular, ya que se trata de una concesión administrativa otorgada primero por el Puerto de Huelva y más tarde del Ayuntamiento, mientras que al final acabó siendo registrada como propiedad por los concesionarios.

Así, en 2009 los ocupantes del bar iniciaron ante el Juzgado de Primera Instancia 4 el expediente para inmatricular la finca, lo que se produjo en 2010 ante la inactividad del Ayuntamiento, que no recurrió este hecho tras su publicación por los cauces normales.

Esta situación se intentó solucionar con el expediente investigación instruido por decreto de 30 de abril de 2015 por el anterior equipo de Gobierno (PP), que fue quien dejó pasar por delante suya la inmatriculación.

Ya con la llegada del PSOE a la Alcaldía, en el Pleno de octubre de 2015 el actual equipo de gobierno presentó un informe del oficial mayor del Consistorio, que concluyó que el edificio es “un bien de propiedad municipal por título de compraventa al Estado (previamente fue propiedad del Puerto), afecto al uso público al ser un Sistema General de Espacio Libres y, por tanto, con la calificación jurídica de dominio público afecto al uso público”. Así, goza del “principio de inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad”.

Por unanimidad, los grupos políticos acordaron entonces emprender las acciones judiciales necesarias para demandar la nulidad o cancelación de la inscripción registral, “en defensa del patrimonio y del dominio público municipal”.

Ahora, al haber prosperado las negociaciones del equipo de Gobierno con los ocupantes, se regulariza la situación del kiosco después de muchos años, mediante un “expediente de recuperación que se lleva a cabo de oficio, para evitar el pleito”.

De este modo, para evitar el proceso judicial, se lleva a cabo una propuesta de transacción que implica que los actuales ocupantes autorizan al Ayuntamiento para que proceda a efectuar la inscripción del dominio reconocido en su favor tanto en el Inventario municipal de Bienes y Derechos como en el Registro de la Propiedad.

Asimismo, los ocupantes manifiestan su conformidad a que el Ayuntamiento de Huelva proceda a la resolución del procedimiento administrativo de recuperación de oficio del inmueble.

Por otro lado, el Ayuntamiento les reconoce el derecho al uso y aprovechamiento del inmueble que se formalizará, mediante concesión por el procedimiento de adjudicación directa, en documento administrativo.

La concesión se otorga con carácter oneroso, siendo el canon anual a pagar por el concesionario 3.201 euros. El edificio, en cualquier caso, debe someterse a una necesaria reforma, al haber transcurrido varios años desde el diseño original y dada la ubicación del mismo dentro de “un espacio libre muy frecuentado por la población, especialmente familias con niños en edad infantil, debiendo adecuarse a las nuevas necesidades del entorno”.